Con 70 votos a favor de los diputados orteguistas, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros; Ley de mercado de capitales y Ley de la SIBOIF (Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras). Las reformas fueron propuestas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con carácter de urgencia. Este nuevo ataque de la dictadura contra las instituciones bancarias establece ampliar las sanciones a esas entidades y a sus funcionarios.
Con ello, se establece imponer multas al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o a cualquier empleado bancario «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte».
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El diputado Wálmaro Gutiérrez justificó la aprobación de las reformas a las tres leyes y aseguró que de manera periódica se hacen ajustes a las leyes para tener medidas estándar para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
«Las sanciones (a las entidades bancarias) se incorporan y se duplican con el objetivo que sean proporcionales y disuasivas, o sea, que la piensen dos y tres veces antes de usar un banco para financiar al terrorismo, al narcotráfico. Que no utilicen un puesto de Bolsa para financiar este tipo de actividades que están reñidas con la ley y que afectan a la sociedad en su conjunto y es por eso que se están haciendo estas reformas», dijo Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del parlamento.
El régimen impondrá multas de mayor cuantía a los directores de las entidades bancarias y si las infracciones son graves o reincidentes, la dictadura, a través de la SIBOIF, ordenará el retiro definitivo del funcionario que cometa la infracción.
Ortega explicó que solicita estas reformas porque «el Estado de Nicaragua ha expresado su firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva con el objetivo de proteger la economía nacional».
«Nicaragua debe seguir avanzando a fin de alcanzar niveles similares al de los países del área en cuanto al establecimiento de sanciones que sean efectivas, proporcionales y disuasivas para nuestro sector financiero, lo que se ha establecido como una deficiencia de parte del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI)», señala la exposición de motivos de la reforma enviada por el dictador.
La dictadura Ortega Murillo mencionó que junto con el Grupo de Acción Financiero Internacional con la (GAFI) acordaron un plan para establecer «las mejoras necesarias en ese sentido, entre ellas establecer una gama de sanciones que permita contar con un régimen sancionatorio realmente efectivo, disuasivo y proporcional».
Banco de la Producción (Banpro), Banco LA FISE, Banco de América Central (BAC), Banco de Finanzas (BDF), Banco Ficohsa, Banco Avanz, y Banco Atlántida son las siete entidades bancarias que operan en el país.