Estados Unidos denunció el encarcelamiento del precandidato presidencial Arturo Cruz, quien se encuentra detenido desde el cinco de junio. El Departamento de Estado lamenta las violaciones a los derechos humanos del catedrático, quien permanece incomunicado y se desconoce su estado físico, pues no se le permite ver a su familiares ni a su representante legal.
Mediante la campaña «Presos Por Qué», la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental exige la liberación de Cruz, en la que destacan que su precandidatura a la Presidencia de Nicaragua fue una de las primeras. Mediante un tuit mencionan que es uno «los siete precandidatos presidenciales nicaragüenses arrestados injustamente por el régimen de Ortega-Murillo».
El exembajador de Nicaragua en Estado Unidos y docente está detenido bajo la Ley 1055 acusado de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».
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Actualmente, hay más de 140 presos políticos, de los cuales, más de 30 fueron secuestrados aplicándoles esa normativa. El régimen les impuso 90 días de «investigación», entre ellos se encuentran excombatientes, activistas, defensores de derechos humanos, profesionales y precandidatos.
Desde la detención de Cruz, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido la liberación del precandidato, quien participaba por ser el representante del ahora partido inhibido Ciudadanos por la Libertad (CxL).