España llama a consultas a su embajadora en Nicaragua tras ataques del orteguismo

El ministerio de Asuntos Exteriores de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora de ese país en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, después que el régimen de Daniel Ortega emitiera el diez de agosto una nota de prensa en la que acusa a Madrid de incumplir «continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de Independencia, que tanto sufrimiento han costado ya, a familias enteras de pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos».

Con el comunicado firmado por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, pero que plasma el estilo ofensivo de Rosario Murillo, Nicaragua le recuerda a España «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces el presidente “socialista”, don Felipe González, creó los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados, acciones por las que la misma CIA ha acusado al Gobierno “socialista” de España, y que reclaman justicia».

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Ante esos fuertes señalamientos, la administración de Pedro Sánchez respondió, afirmando que en el escrito «se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales».

España igualmente resaltó que estos ataques llegan tras los señalamientos que se le hacen a los Ortega-Murillo por mantener a Nicaragua bajo una constante violación a los derechos humanos.

«Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes», destaca el comunicado 066 firmado por el ministro español.

Al mismo tiempo, recalcan que «las decisiones adoptadas por el gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados».

Con ello, España deja en claro su rechazo «tajante» a las declaraciones de la Cancillería nicaragüense y exige a la administración orteguista cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional así como respetar los preceptos constitucionales que se contemplan a lo interno del país, pero que es el mismo Estado el primero en incumplirlos.