Con el acostumbrado lenguaje ofensivo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, volvió a dejar de un lado la diplomacia para arrastrarse en ataques vulgares contra el gobierno de España, a quien primero le reclama por entrometerse en «los asuntos internos que solo corresponden a nuestro país y a nuestro pueblo», y luego termina acusándolo de cometer «crímenes de odio y de lesa humanidad y terrorismo de Estado».
Igualmente, la Cancillería nicaragüense, a través de la nota oficial, que evidencia el estilo de la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, acusa a España de incumplir «contínuamente con los Derechos de sus Pueblos a la Autonomía o a Procesos Autonómicos de Independencia, que tanto sufrimiento han costado ya, a Familias enteras de Pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos (sic)».
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En el comunicado, firmado por el canciller Denis Moncada, pero que evidencia las faltas ortográficas y de puntuación, propios de Murillo, «le recuerdan» a España «sus graves temas pendientes, que vienen desde la década de los 80, cuando su entonces Presidente “Socialista”, Don Felipe González, creó los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados, acciones por las que la misma CIA ha acusado al Gobierno “Socialista” de España, y que reclaman Justicia».
Desfachatez y cinismo
Igualmente enrostran al gobierno español sus «conexiones» con grupos terroristas y paramilitares, la impunidad en supuestos crímenes «de odio y de lesa humanidad», y hasta lo retan «a abrir las puertas sin represión, o persecución, o violencia desmedida, a la libre decisión y votación sobre los estatus que cada país de ese, por hoy, Estado centralizado, demanda, reclama y exige (…) Les desafiamos a permitir la libre participación en votaciones y elecciones, sin amenazas, intimidaciones, o cárcel para los líderes», dice la dictadura de Ortega, como intentando enlodar con sus propios abusos a otros países que denuncian la represión del régimen sandinista, con esos mismos términos.
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El gobierno sandinista ha sido denunciado desde abril de 2018 de cometer asesinatos masivos que totalizaron 327 crímenes contra pobladores, estudiantes y activistas desarmados, los cuales fueron documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI). También ha sido acusado de ejecutar crímenes de lesa humanidad, de armar a grupos paramilitares, ligados al FSLN; encarcelar a opositores, torturar y confiscar las libertades del país, incluyendo el derecho al voto libre.

En los últimos tres meses, el gobierno de Ortega desató una arremetida contra los líderes opositores, y hasta la fecha acumula 32 prisioneros de alto perfil político, entre los que destacan siete precandidatos presidenciales, activistas, empresarios, líderes campesinos y estudiantiles y periodistas, además de los 130 prisioneros que también están en la cárcel por disentir contra Ortega. Con las acusaciones contra España, Ortega y Murillo parecieran estarse viendo al espejo.
La andanada de insultos prosigue. «Recordamos al Gobierno Español que la Verdad no puede ocultarse, ni prescribe, a pesar de la desfachatez con la que pretenden presentarse ante el Mundo como impolutos, despercudidos, impecables, muy correctos, y exigentes con quienes consideran inferiores, imperfectos, incorrectos y, todavía bajo su ya, por Gracia y Luchas, inexistente e imaginario, Imperio Colonial».
Muertes de prisioneros políticos
Como parte de las acusaciones oficiales, la cancillería de Managua menciona «la terrible trama terrorista de los GAL todavía se esconde, se oculta, entre esa hipócrita y sangrienta Política Española, violadora de Derechos Humanos, que también carga con la muerte no investigada, en sus cárceles, de prisioneros políticos independentistas vascos que sin explicación alguna aparecieron sin vida, en celdas españolas».
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Otro ejemplo que Ortega habla de sus propios males es que en las celdas policiales del país, incluyendo en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, también se ha denunciado la muerte de prisioneros que fueron reportados por el Estado como «suicidios» por ahorcamiento, como el caso de Kevin Pineda, «ahorcado» el nueve de abril de 2018 en la estación policial de Matiguás, Matagalpa; o Francisco Ponce, también «ahorcado» en el Chipote el tres de mayo de 2015.

Mas recientemente, también conmovió al país el asesinato a tiros en la cárcel de Tipitapa, conocida como «La Modelo», del prisionero político de Matagalpa Eddy Montes Praslin, condenado por participar en las protestas de abril de 2018, y a quien la dictadura de Ortega acusó por «terrorista». Eddy Montes Praslin fue abatido a balazos por un custodio del mismo penal, sin que hasta la fecha se haya realizado un juicio para sancionar al funcionario asesino.