La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de liberar a los presos políticos, incluidos los seis precandidatos presidenciales, e instó a la dictadura a «dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos» y habilitar la inscripción de los aspirantes detenidos para la realización de elecciones libres, justas y transparentes «de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional».
El organismo afirma que la cancelación de personalidades jurídicas, el encarcelamiento de los precandidatos presidenciales, la aprobación de leyes penales con contenido ambiguo que restringen arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense y la profundización de un estado policial «confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua» debido a la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país.
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«La CIDH ha destacado que la persecución penal en contra de personas opositoras y precandidatas a la Presidencia presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y otras garantías del debido proceso. En virtud de ello, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas», señala el organismo.
La entidad dijo que todas las medidas tomadas por el régimen orteguista buscan «impedir la participación de la oposición en las elecciones generales» programadas para el siete de noviembre de 2021. La CIDH urgió a la dictadura a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno y tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres.
«La CIDH urge a Nicaragua a poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país», aseveró.
Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendieron una cacería de opositores en los últimos tres meses para eliminar toda competencia. Encarcelaron a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Noel Vidaurre, Miguel Mora; y obligó al exilio a dos precandidatos más: María Asunción Moreno y Luis Fley. También mantienen tras las rejas a los principales líderes opositores, empresariales, universitarios, campesinos, periodistas y defensores de derechos humanos.
La Unión Europea (UE) emitió una declaratoria el nueve de agosto en la cual denuncia que el matrimonio presidencial quiere ganar las elecciones del siete de noviembre «sin competencia» y afirma que Ortega «aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada».
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La semana pasada, Estados Unidos también impuso restricciones de visa a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses responsables de violación a los derechos humanos. Entre los afectados hay diputados, fiscales y jueces nicaragüenses.
Ortega se convirtió en candidato único que correrá en las elecciones del siete de noviembre de 2021, ordenó al Consejo Supremo Electoral (CSE) sacar del juego a tres partidos políticos y dejarlos sin personalidad jurídica; mandó a la Fiscalía y Policía a encarcelar a los precandidatos presidenciales y liderazgos opositores; aprobó leyes que violan los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses e instruyó al Poder Judicial a abrir procesos penales contra los detenidos.
