El observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció la persecución judicial desatada por el régimen de Daniel Ortega en contra de opositores. La alerta la elevó ante eurodiputados y misiones diplomáticas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informó el equipo multidisciplinario este martes, 13 de julio.
«Desde la publicación del calendario electoral, el 11 de mayo de 2021, se ha profundizado la violencia política. Ahora se observa una nueva estrategia represiva, que desde Urnas Abiertas hemos llamado persecución judicial, donde el sistema judicial se usa como herramienta de persecución política», expresó Ligia Gómez, portavoz de Urnas Abiertas, ante el Parlamento Europeo y las misiones diplomáticas en el CDH.
La organización añadió que esta estrategia represiva contra liderazgos opositores impide un proceso electoral creíble, libre y legítimo en Nicaragua, que además, es apañado por la aprobación de una reforma electoral que no cumple con los criterios técnicos necesarios para el desarrollo de un adecuado proceso electoral.
Expusieron que la persecución judicial está marcada por cuatro características: el desvío de poder de la función judicial, la colusión entre el sistema de justicia penal y el Poder Ejecutivo, la persecución de magnitud relevante y los fines extrajudiciales.
El objetivo final es lograr la «inhibición de organizaciones y personas para participar en la contienda electoral, también eliminar toda posibilidad de que la oposición pueda acceder a los mecanismos institucionalizados para la disputa del poder».
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El comunicado de la organización señala que François Roudié, jefe adjunto de América Central del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dijo que han visto «cómo se estrecha la autoridad electoral por parte de las autoridades (en Nicaragua)».
«Es imposible encontrar una salida pacífica a la crisis y es algo que hemos pedido desde la Unión Europea durante los últimos tres años. Lo que quiere el régimen de Ortega es quedarse en el poder, está bien claro», manifestó.
Roudié señaló que durante las reuniones con funcionarios aliados de Ortega estos repiten el discurso del régimen. Daniel Ortega y la vocera, Rosario Murillo, justifican la represión al hacerse la víctima de una supuesta injerencia extranjera, y Roudié indicó que «esto es lo que hemos estado recibiendo de manera sistemática».
El eurodiputado recordó que la eurocámara continúa trabajando para sancionar al régimen de Nicaragua tras la aprobación de la reciente resolución del ocho de julio, menciona el comunicado.
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El Parlamento Europeo aprobó el ocho de julio, una resolución que pide al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, así como a su círculo íntimo.
Urnas Abiertas también denunció el caso en el evento sobre la «persecución judicial y violaciones de derechos humanos en el contexto electoral» en Nicaragua realizado el seis de julio; con la participación del jurista Paulo Abrão, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las defensoras de derechos humanos Vilma Núñez y Haydeé Castillo, el economista y exdiputado Enrique Sáenz y el vocero de la organización Julio Martínez, en el marco del 47º período de sesiones del Consejo de DDHH de Naciones Unidas.
El 8 de julio también elevó la denuncia en un briefing privado junto a otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales ante las representaciones de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y el 12 de julio, en el reciente evento público de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo.