El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció una vez más ante la CIDH la escalada represiva que ha desatado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la población, en medio de una crisis política que fue calificada por el organismo internacional como «extremadamente grave».
En la sesión virtual dedicada al contexto electoral en Nicaragua, el Cenidh señaló que el país atraviesa una devastador panorama político de atropellos a los derechos de los ciudadanos que incluye cárcel, represión, hostigamiento y un quiebre irreversible de la democracia.
Por su lado, la CIDH indicó que «la represión que se ha desatado en Nicaragua asfixia las libertades individuales y los derechos humanos» en la nación.
El director de NotimaTV, Eduardo Montenegro, engrosó la lista de casi una treintena de periodistas que les ha tocado desfilar ante la Fiscalía orteguista tras ser citados para comparecer por el caso de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Montenegro le recordó a los funcionarios al servicio de la pareja presidencial que en su medio sí tenían una relación con la Fundación, pero que era a través de capacitaciones para fortalecer a su equipo en temas periodísticos y les insistió que los comunicadores independientes no han cometido ningún delito, pues lo único que hacen es ejercer su derecho a informar.
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En un comunicado de prensa, el abogado internacional de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, el doctor Jared Genser, aseveró que el régimen tiene como plazo hasta el ocho de julio para informar sobre las medidas que adopte de conformidad con la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde solicitan el respeto a los derechos humanos de los dos precandidatos presidenciales detenidos y la libertad inmediata-
El abogado asegura que si el régimen no cumple con el fallo judicial estaría cometiendo una grave violación de sus obligaciones internacionales, ya que nunca ha ignorado una petición legal de la Corte.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), mediante un decreto administrativo, ha ordenado a las empresas operadoras del servicio de televisión por suscripción o de cable y a las radioemisoras privadas en las frecuencias AM y FM, a unirse a las cadenas de radio y televisión que ordene el ente regulador en casos de emergencia y para difundir los «mensajes de interés nacional» que acostumbra decir el dictador Daniel Ortega cada cierto tiempo cuando reaparece en público.
El ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua aprovecha que, en caso de emergencias o catástrofes nacionales, las comunicaciones deben de ponerse al servicio de la nación para ordenar a las empresas de televisión por cables y a las radioemisoras a retransmitir «sin recortes, alteraciones o modificaciones».
Este miércoles, feministas de México, Costa Rica, El Salvador y España protestaron en las afueras de las sedes de las embajadas de Nicaragua de esos países para denunciar la violencia hacia mujeres opositoras al régimen al igual que lo padecen más 130 encarcelados políticos.
Destacaron los casos de Cristiana Chamorro, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Dora María Tellez, Tamara Dávila y Violeta Granera, quienes han sido detenidas arbitrariamente en el último mes y demandaron se respete su integridad física y sicológica.
