Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes, ambos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cumplen un mes de estar presos en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, luego que el 28 de mayo fueron detenidos de forma arbitraria y acusados por la justicia de Nicaragua del supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Hasta la fecha, la Policía orteguista no permite que sus familiares puedan verlos ni que cuenten con un abogado privado para su defensa. Con estos rehenes, el régimen inauguró su más reciente escalada represiva que tiene presos a 21 opositores entre precandidatos presidenciales, empresarios y activistas.
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Mauricio Madrigal, jefe de prensa del Canal 10 de televisión, compareció ante la Fiscalía de Managua, donde el periodista se presentó a «una entrevista» para fines no detallados por la entidad.
El Ministerio Público interrogó a Madrigal sobre el trabajo del medio de comunicación independiente, al tiempo que le preguntó «si conocía las nuevas leyes» impulsadas por el régimen de Daniel Ortega, las que son calificadas de restrictivas para el ejercicio periodístico y la participación política de la oposición de cara a las elecciones generales. Horas después, la institución orteguista emitió un comunicado indicando que a Madrigal también lo señalan por el caso de la Fundación Violeta Barrios.
La Comisión de Buena Voluntad demandó al gobierno de Ortega-Murillo acatar las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se le otorga medidas provisionales y cautelares a 8 de los 21 recientes presos políticos.
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La Corte IDH concedió medidas provisionales para los aspirantes a la Presidencia, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; para el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguirre y para la activista política Violeta Granera. Mientras que, la CIDH proporcionó medidas cautelares para la vicepresidenta de La Prensa y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro y para los exfuncionarios de la FVBCh Walter Gómez, Marco Fletes y Lourdes Arróliga.
La eurodiputada Soraya Rodríguez afirmó que ella junto a otros legisladores promueven una resolución contra el Gobierno de Nicaragua ante el Parlamento Europeo. Dicha resolución será presentada en la próxima sesión de la eurocámara el cinco de julio, según anunció en su cuenta de Twitter.
La eurodiputada manifestó su preocupación ante el arresto de cinco aspirantes presidenciales y otros liderazgos políticos en las últimas semanas. «La escalada de represión selectiva en Nicaragua es insostenible», reafirmó en sus redes sociales.
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La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó este martes, 29 de junio, una iniciativa que condena al régimen de Daniel Ortega y demanda al Gobierno español de Pedro Sánchez promover sanciones en la Unión Europea en contra de los dirigentes sandinistas.
Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) que fue aprobada con los votos del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Vox y Ciudadanos. Por su parte, el partido político español de extrema izquierda, Podemos, decidió no condenar las acciones represivas de Ortega y votó en contra de la resolución.