Horas después que el jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, saliera de las oficinas del Ministerio Público donde fue cuestionado sobre el contenido noticioso del medio de comunicación independiente, la entidad del régimen emitió un comunicado en el que señala que el periodista fue emplazado como parte de la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
«El día de hoy compareció el señor Mauricio José Madrigal, quien contestó todas las preguntas que se le realizaron y luego de firmar el acta, procedió a retirarse», indica el comunicado 024-2021 de este martes, 29 de junio.
La nota de la Fiscalía niega así los cuestionamientos hechos a Madrigal en su calidad de jefe de prensa de un noticiero independiente, en medio de una escalada represiva en contra de opositores y periodistas independientes por parte del régimen.
Según Madrigal, él fue citado a una entrevista sin un fin detallado y, una vez en el lugar, fue interrogado durante más de una hora sobre el contenido periodístico de Canal 10, al tiempo que le recordaron las «leyes vigentes que riñen ahorita con el ejercicio periodístico», en referencia a la Ley de Ciberderlitos.
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«Me leyeron un artículo donde el Ministerio Público puede citar a las personas, no necesariamente como testigo o como implicado, sino para escuchar las versiones dentro de un proceso de investigación. No soy ni testigo ni acusado, simplemente recaban información tal como la ley los ampara para trabajar», sostuvo.
La Fiscalía, por su parte, continúa informando que también estaba citada la periodista Elsa Ruth Espinoza Orozco para responder sobre la misma investigación. La entidad a cargo de la sancionada Ana Julia Guido advierte que «no compareció ni presentó justificación, a pesar que la cita fue recibida por su mamá. Se le enviará una segunda y última cita (y) de no comparecer, se solicitará a autoridad judicial la conducción forzosa».
Madrigal se sumó este día a la larga lista de periodistas independientes que han sido emplazados por el Ministerio Público como parte de la «investigación» en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, a quien se le acusa del supuesto delito de lavado de dinero como exdirectora de la Fundación.
Según las citatorias, los reporteros son llamados en calidad de «testigos» por haber estado vinculados profesionalmente con la fundación, sin embargo, las últimas «entrevistas» se han enfocado en advertencias contra el periodismo independiente.
Los fiscales le han dejado en claro a los comunicadores que podrían ser acusados bajo la ley orteguista de Ciberdelitos, criticada por pretender limitar o, en consecuencia, censurar el trabajo periodístico de los medios que no siguen la línea editorial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
