El Juzgado Distrito Penal de Juicio de Bluefields dictó «no ha lugar» al recurso de apelación interpuesto por la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñisima, Kalúa Salazar, quien el 29 de septiembre de 2020 fue condenada por la juez orteguista Deyanira Traña, a 120 días multa, equivalentes a 7,684.58 córdobas, por el supuesto delito de calumnias contra dos extrabajadoras de la Alcaldía del Municipio de El Rama.
«Ya me notificó el juez, dio no ha lugar a la apelación», explicó brevemente la comunicadora, quien refirió que en el documento que se le hizo llegar este lunes, 28 de junio, no especifica si la condena sigue siendo la misma o si hubo variación, luego que las supuestas víctimas apelaran el fallo y exigieran la pena máxima de 300 días multa, equivalente a más de 17 mil córdobas.
Salazar, de 27 años, expresó a Artículo 66 que se está utilizando al Poder Judicial para obligar a los periodistas a pagar y afectarlos de forma o económica o emocionalmente «con el objetivo de callar a la prensa independiente».
Noticia relacionada: Periodista Kalúa Salazar apela fallo por «calumnias», pero «ofendidos» exigen pena máxima
«Este no es un fallo que condena a Kalúa Salazar, sino que está condenando a la prensa independiente. Esto sirve como un precedente a periodistas que quieran abordar el tema de las quejas públicas, a revisarla de una forma mas sigilosa o a autocensurarse, ante el temor de cualquier demanda», agregó.
La comunicadora también consideró que el fallo es una evidencia más de la violación a sus derechos en contra de los periodistas y de la población en general. «En Nicaragua ya hay varios periodistas que han pasado por esta situación, y lo que busca el gobierno es que la prensa independiente no indague ni investigue los actos irregulares que se cometen desde las instituciones públicas y que son alertados por sus mismos funcionarios», resaltó.
CIDH le otorgó medidas cautelares
Ante las constantes agresiones en contra de la periodista Kalúa Salazar y su familia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a su favor, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.
«Según la solicitud, la beneficiaria (…) se encuentra en una situación de riesgo debido a que es víctima de amenazas, hostigamiento y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares dada su labor periodística», señala la Comisión en su nota de prensa con fecha del 14 de junio.
El organismo de derechos humanos también relata que para otorgar las medidas en favor de Salazar tomó en cuenta el contexto represivo contra la prensa independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta la comunicadora como mujer periodista.
Tras el fallo emitido por la justicia de Daniel Ortega, Kalúa Salazar refirió que seguirá ejerciendo el periodismo, pese al asedio que sufre constantemente. «Si no dejé de hacer mi trabajo cuando estaba en u momento tan difícil, donde me presentaba a los juzgados como si fuera una criminal, menos que lo haga ahora».
