El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) finalmente se refirió a la crisis sociopolítica de Nicaragua, señalando que «México ha seguido con mucha preocupación» el arresto de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes de la oposición y dos excombatientes sandinistas por parte del régimen, en el marco del proceso electoral.
Los funcionarios del régimen le advirtieron al doctor José Luis Borgen que de continuar compartiendo información sobre la pandemia del COVID-19, podría ser enjuiciado bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza. El galeno Carlos Quant también fue citado.
«México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos», indica la Secretaría de Relaciones Exteriores (RSE) de ese país, en un tuit publicado este lunes, 14 de junio.
Este es el primer mensaje del aliado de Daniel Ortega, que rompió el silencio, tras el incremento de la represión gubernamental en contra de opositores, a cinco meses de los eventuales comicios previstos para el siete de noviembre.
En su cacería, el régimen decidió encarcelar, el reciente fin de semana, a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez; al general en retiro del Ejército de Nicaragua Hugo Torres; a la presidenta de Unamos e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Suyen Barahona; a la también miembro de Unamos Ana Margarita Vijil y al exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.
El régimen también mantiene detenidos e inhibidos de facto a los aspirantes a la presidencia de la República Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Al momento, la dictadura ya lleva 13 opositores encarcelados en doce días.
Noticia relacionada: Régimen de Nicaragua advierte que su próximo paso será una embestida mayor contra periodistas independientes
El gobierno de AMLO externó su posición el mismo día que Ortega demandó a la comunidad internacional «no injerencia», y un día antes que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnan para analizar la situación de Nicaragua.
