Juan Sebastián Chamorro, preso en «El Chipote»: Policías reciben alimentos destinados al aspirante presidencial

El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro se encuentra arrestado en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote», así lo confirmaron familiares del economista, quien fue apresado el ocho de junio de 2021 a las siete de la noche señalado de «traidor de la patria».

A través de un comunicado divulgado por el equipo de prensa de Chamorro se indica que el aspirante presidencial dentro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) está «en El Chipote y aunque su familia no ha podido verlo, ha logrado llevarle comida, la cual ha sido recibida» por los oficiales al servicio de la dictadura de Nicaragua.

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En el escrito, además, denuncia «la violación a los derechos de los nicaragüenses como parte de la escalada que ha desatado el régimen con contra de los líderes opositores» y recalcan que Juan Sebastián, previo a su detención, le recordó a la ciudadanía que hay que «seguir esta lucha, vencer la indiferencia y vencer el miedo».    

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una cacería de opositores. Cuatro precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro han sido encarcelados. A Cristiana le impusieron un arresto domiciliar, mientras los otros tres están detenidos en El Chipote.

Al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; y al exvicecanciller José Pallais también los tienen encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial. En el caso de la opositora de Violeta Granera le impusieron casa por cárcel y el régimen circula al empresario Mario Arana.

Para el operativo contra Juan Sebastián, la jefatura policial ordenó el allanamiento a la residencia y la captura del precandidato presidencial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

La dictadura de Nicaragua los tiene bajo arresto con el supuesto argumento que «estás siendo investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”»