La Fiscalía General de la República, controlada por Daniel Ortega, citó este sábado, cinco de junio, al aspirante presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco y posible contendiente dentro de la consulta interna de la Alianza Ciudadana ACxL, Félix Maradiaga, para comparecer a una «entrevista», para el próximo lunes, 07 de junio, sin especificar delito, causa ni el perjudicado.
«La tarde de hoy recibí una citación del Ministerio Público, para presentarme ante dicha entidad el lunes 7 de junio a las 11 de la mañana. La citatoria no especifica ninguna causa penal ni la condición en la cual estoy siendo citado, lo que reafirma la arbitrariedad e indefencion jurídica a la que está sometida la ciudadanía nicaragüense», denunció Maradiaga a través de una nota que circuló a los medios de comunicación.
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«Como he sostenido siempre, todas mis acciones en pro de la democracia, de la defensa de derechos humanos y búsqueda de justicia, las he realizado en estricto apego a los principios de no violencia, coherencia ética e integridad. Desde el año 2018 se me hicieron una serie de acusaciones judiciales injuriosas con el propósito de callarme. No lo lograron antes y no lo lograrán hoy. Reitero mi firme compromiso con los anhelos de que la nación nicaragüense encuentre una ruta de democracia y justicia, para todo nuestro pueblo… atenderé la citatoria del Ministerio Público con toda la serenidad de quien nunca ha cometido ningún acto ilícito», declaró el aspirante presidencial.
En el 2018, la dictadura de Ortega impulsó una recia campaña para criminalizar al político, a quien el régimen intentó ligar con actos delincuenciales y hasta lo acusaron de estar detrás del supuesto suministro de armas a estudiantes que estuvieron atrincherados en la Universidad Politécnica (UPOLI). Igualmente intentó ser ligado con crímenes ocurridos en el mismo contexto de la rebelión de abril.
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Maradiaga tuvo que irse al exilio tras esos intentos de criminalización, pero regresó al país después que Ortega aprobó una supuesta Ley de Amnistía, que, aunque la oposición la criticó como un intento del gobernante de autoperdonarse por las masacres desatadas contra la población civil, se suponía que también implicaría «perdón y olvido» para cualquier hecho ocurrido en esas mismas fechas que, según el régimen, habían sido cometidos por opositores.
En los últimos días, Ortega ha desatado una feroz persecución contra las voces críticas. Desde el 20 de mayo de 2021 inició un proceso de criminalización contra la aspirante opositora Cristiana Chamorro, a quien la encerraron en su casa, bajo la acusación de lavado de dinero por haber manejado en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que ella dirigía, cooperación oficial de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), para apoyar a medios de comunicación del país.
Este sábado, cinco de junio, también fue capturado el aspirante presidencial Arturo Cruz, acusado por «atentar contra la paz, la soberanía y los derechos del pueblo; fomentar la injerencia y pedir intervención militar», según la justificación de la Policía, quien lo arrestó en el aeropuerto internacional Agusto C. Sandino, cuando Cruz regresaba de Estados Unidos.
Si el régimen impulsa una causa penal contra Maradiaga, sería el tercer candidato presidencial opositor «decapitado» de sus aspiraciones de disputarle el poder al dictador Daniel Ortega.
