El precandidato presidencial Félix Maradiaga se defendió de las amenazas del Consejo Supremo Electoral (CSE) que, mediante un acuerdo dirigido a partidos y alianzas políticos, advierte que no pueden presentar como candidatos o candidatas a cargos públicos quienes están impedidos por las leyes restrictivas aprobadas en el último año.
El acuerdo emitido el jueves, tres de junio, recuerda que la llamada Ley de Soberanía establece que «no inscribir como candidatas y candidatos, a las o los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado… que inciten a la injerencia extranjera… al igual aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua».
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También reitera que, entre los requisitos para ser presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta requiere «haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero».
Ambas disposiciones son las que estarían inhibiendo a Maradiaga del proceso electoral y a otros opositores a quienes el régimen les llama de manera deliberada «terroristas» y «golpistas».
Mediante un mensaje enviado este viernes, cuatro de junio, a través de un video en redes sociales, Maradiaga se defendió señalando que «con relación al artículo 147 de la Constitución Política, en base a la jurisprudencia del propio CSE, no debería existir ninguna inhibición constitucional para los nicaragüenses que en algún momento hayamos salido del país- como fue mi caso- pero que nunca cambiamos residencia».
«Aquellas personas que hemos salido del país con visa de turista o cualquier otra visa de no residente, y además nunca solicitamos asilo ni residencia en otro país, no estamos constitucionalmente inhibidos», añadió el precandidato de la Coalición Nacional y aspirante a ser candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).
Aunque está claro que en este régimen «no existe el imperio de la ley y cualquier excusa podría ser usada contra nosotros», insiste que «este acto cobarde no debe ser reconocido como legítimo por ningún partido político opositor».
El acuerdo del Poder Eletoral, supeditado a Ortega, deja una clara amenaza a los partidos políticos de ser descabezados por incumplir con los caprichos del régimen, y recibir la misma receta del Partido de Restauración Democrática (PRD), casilla electoral de la Coalición Nacional, al que el régimen despojó de su personería jurídica.
«El acuerdo en el cual descaradamente el CSE chantajea a los partidos políticos, instándole a aplicar la ley mordaza… lo hace porque (Daniel) Ortega le tiene miedo a un proceso electoral libre y desde ya quiere sacar del proceso a cualquier candidato que tenga amplio respaldo popular», enfatizó Maradiaga.
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El opositor está en la lista de los favoritos de la oposición para ocupar la silla presidencial, según las encuestas, junto a otros precandidatos que la dictadura también les ha recetado «casa por cárcel» de facto, los califica de «golpistas» o han sido enjuiciados por razones políticas, y a quienes podrían estar inhibiendo usando las nuevas leyes restrictivas.
En su desesperación por no verse derrotado en las próximas elecciones, la administración de Ortega también emprendió una persecución en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien puntea muy por encima de todos los precandidatos. A Chamorro se le acusa de supuesto lavado de dinero a través de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
