Dictadura de Ortega acusa e inhibe a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro

La Fiscalía General de la República, controlada en su totalidad por Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó a través de una nota publicada en los medios de propaganda de la dictadura, que han procedido a acusar «por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos» a la aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro.

Igualmente, la Fiscalía agrega que «hoy mismo procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados».

El Ministerio Público también pide, según declara en este comunicado 004-2021, la «inhabilitación para (optar a) cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal».

Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y del mártir de las libertades públicas y héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, se reunión este martes, primero de junio, con la dirigencia del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL), y en rueda de prensa expresó su disposición de inscribirse en esa plataforma política para competir por la nominación presidencial de ese bloque, que podría disputarle el poder a Daniel Ortega, en los comicios de noviembre próximo.

Tras conocerse la noticia, el aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga rechazó la maniobra del régimen. «Quiero expresar mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra Cristiana Chamorro, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional. Hoy más que nunca es necesaria la mayor unidad posible frente a la dictadura».

También el aspirante Juan Sebastián Chamorro se sumó a las críticas contra lo que llamó «otra absurdidad legal de la dictadura», y refutó que «Solo puede inhibirse a un candidato en caso de sentencia firme y aquí ni siquiera hay un proceso».

En tanto, la comandante guerrillera Dora María Téllez rechazó lo que llama una maniobra de «los sicarios de Ortega», y acotó que la medida contra Chamorro Barrios es «absolutamente ilegal e inconstitucional. No ha sido acusada, ni juzgada, ni condenada. Los Ortega pretenden impedir que entre a la elección de candidaturas».

Según la nota, las medidas precautelares impuestas a Chamorro Barrios también estarían decretadas contra la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena internacional Univisión, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, estos dos últimos extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

A la corresponsal María Lilly Delgado, a Lourdes Arróliga y a Guillermo Medrano los encausaron como «investigados» solo porque el día que fueron citados como «testigos» en el proceso penal por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, los tres exigieron comparecer ante los fiscales acompañados de un abogado. Les negaron la petición y los amenazaron que si persistían en su exigencia les cambiarían la figura de testigos a investigados.

Por el caso de supuesto lavado de dinero del que se acusa a Chamorro Barrios, la dictadura mantiene encarcelados a Walter Gómez y Marcos Fletes, dos extrabajadores de la Fundación Violeta de Chamorro.

Desde que se abrió la supuesta investigación, desde el 20 de mayo, además de Cristiana Chamorro y los extrabajadores Walter Gómez y Marcos Fletes, la Fiscalía ha citado en calidad de testigos a más de 20 periodistas, propietarios de medios de comunicación, escritores, fotoperiodistas, consultores y corresponsales extranjeros.