Tras la cancelación de la personalidad jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD) el 18 de mayo, por impugnaciones impulsadas por parte de un grupo de pastores evangélicos alegando que el partido abandonó el seno cristiano y que ahora procura una alianza con organizaciones feministas, de la diversidad sexual y otras miembros de la Coalición Nacional, lo que consideran viola los estatutos, el reverendo Saturnino Cerrato sostuvo que no se quedarán de brazos cruzados y que harán todo lo posible por recuperar la legalidad del PRD.
En una entrevista a Canal 10, directivos de esa agrupación aseguraron que «van a agotar todas las vías legales» llevando el caso inclusive ante la Corte Internacional y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Catalogan el acto como una violación hacia los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua.
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Alegan que no es tiempo de rendirse. «Lo primero que pensamos hacer es un recurso de revisión y después otro documento dirigido a la Corte Suprema de Justicia», dijo el presidente de ese partido, Saturnino Cerrato, añadiendo que harán lo que esté a su disposición para no quedarse sin la casilla 14.
Por otro lado, aseguran que es difícil utilizar otro partido como vehículo para ir a unas elecciones. Las únicas opciones son el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Ciudadanos por la Libertad (CxL), este último el 12 de mayo firmó una alianza electoral dejando por fuera al PRD.
Mientras, este 19 de mayo, el Partido Conservador también fue despojado de su personalidad jurídica, días después de anunciar que no participarían en los comicios del siete de noviembre por considerar que serían fraudulentas. El PC es considerado un aliado del régimen y algunos califican esa acción como una «cortina de humo».
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Luego de una reunión con el consejo ejecutivo nacional del partido, estarían eligiendo claramente la ruta a seguir y sus posibles opciones en las que figuran la unión con Alianza Ciudadana en busca de elegir a un candidato único, algo que podría tornarse difícil debido a los señalamientos y las tensiones entre el CxL y el PRD.
Afirman que no tienen absolutamente nada que negociar con el FSLN si así fuera necesario para recuperar su personalidad jurídica, ya que lo han catalogado como un acto antidemocrático y de violación a los derechos fundamentales, porque «todo lo actuado no tiene base legal».
