El Comité Nacional del Paro (CNP) y el Gobierno de Iván Duque no llegaron a ningún acuerdo tras convocarse a un diálogo entre las partes con el objetivo de ponerle fin a las protestas en Colombia que iniciaron desde el 28 de abril. Por el contrario, ante el fallido intento; los opositores convocaron a nuevas movilizaciones para el 12 de mayo para exigirle a la administración de turno que «responda las exigencias (de los manifestantes) y que retire el proyecto de ley de reforma a la salud, así como la negociación del pliego de emergencia. Además, pedimos que se escuchen a los distintos sectores sociales y particularmente que atienda con urgencia la situación en Cali y las denuncias de abuso policial», expresaron a su salida los promotores del paro.
«No hubo empatía del Gobierno nacional con las razones que nos han llevado al paro nacional», fue la respuesta ante la dificultad de conseguir acuerdos que escuchen las demandas y las necesidades de la población.
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Las protestas que cumplen 13 días fueron convocadas para rechazar un plan de reforma fiscal que amenazaba la economía del país luego de una crisis debido a la pandemia del COVID-19. La reforma fue retirada, pero aún está entre las demandas el retiro del proyecto de reforma a la salud. Además, demandan acciones que castiguen la violencia policial y trabajar por reducir la desigualdad social así como garantizar mejoras verdaderas al sistema de salud y a la educación.
En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) mostraron su preocupación por el uso de la fuerza policial. El diez de mayo, se registró un ataque a tiros en contra de indígenas que participaban en una marcha que se dirigía a Cali a favor de las manifestaciones.
«La @CIDH lamenta profundamente la muerte de #LucasVillaVásquez, joven universitario que recibió 8 disparos por sujetos no identificados el pasado #5May mientras participaba de una de las protestas pacíficas en la ciudad de Pereira, Risaralda», dice ese organismo, al tiempo que llama al Estado de Colombia a «a investigar con debida diligencia el hecho, juzgar y sancionar a quien resulte responsable; así como a proteger la vida e integridad de las personas manifestantes»,
El gobierno asevera que los bloqueos necesitan ser desmantelados debido a que impiden el acceso de alimentos y combustible a todo el país, sin importar el uso de la fuerza aplicada a los que se encuentran en las barricadas.
Desde el inicio de las manifestaciones, se reporta un total de 47 personas asesinadas, de las cuales 39 han sido por violencia policial, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, 278 agresiones por la Policía, 548 desaparecidos y 1,876 hechos violentos, según registros de Temblores ONG y Defensoría del Pueblo.
