La reciente elección en la Asamblea Nacional de 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de ellos siete con categoría de propietarios y tres como suplentes, dejó fuera a ocho de los antiguos funcionarios que fueron «desechados» por el dictador Daniel Ortega para mantener en sus puestos a dos de los más fieles a su estrategia de aplicar fraudes en cada proceso electoral, el presidente en funciones Lumberto Campbell y Mayra Salinas Uriarte, los que por cinco años más seguirán gozando de «la gracia» del jefe del régimen Ortega-‘Murillo.
Hasta el cuatro de abril del 2021, el CSE estaba integrado por nueve magistrados activos, de los 10 que debía tener, pues uno, el expresidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas Reyes, había renunciado tras ser sancionado por el Gobierno de Estados Unidos bajo los preceptos de la Ley Global Magnitsky.
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Siendo así, quedaban en el CSE los magistrados propietarios Lumberto Campbell, Emmet Lang Salmerón, Luis Benavidez, Judith del Socorro Silva Jaen, Norma Moreno Silva y Mayra Antonio Salinas Uriarte. Los suplentes eran Emiliano Enríquez, Virginia Molina y Miguel Ángel Meléndez
De ellos, solo dos siguen gozando de las mieles y de la confianza de los Ortega-Murillo. los otros quedaron fuera del circo.
Lo desechados
Roberto José Rivas Reyes
Fue nombrado magistrado en julio de 1995. Se ha dicho que quien sugirió el nombre de Rivas para ascender a ese puesto fue el cardenal Miguel Obando, quien durante vivió fue su protector. Para la época en que fue nombrado magistrado decían que gozaba de mucha confianza y que no venía de ningún partido político.
Antes de ser un alto funcionario público, Rivas se desempeñó como empleado en la Comisión de Promoción Arquidiocesana (Coprosa), el brazo de ayuda social de la Iglesia católica. La madre de Rivas, Josefa Reyes, fue la asistente de Obando desde su obispado en Matagalpa hasta su retiro. Después de ganar las elecciones Daniel Ortega, en el 2006, se encargó de permitirle y facilitarle a Rivas Reyes todo tipo de prebendas, hasta que se convirtió en un multimillonario funcionario público tan visible y ostentoso que desató investigaciones periodísticas sobre sus bienes, entre los que sobresalían mansiones y aviones privados. Fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky en diciembre del 2017, lo que lo obligó a renunciar en mayo del 2018 a la presidencia del CSE y se retiró de la vista púbica.
Emmett Lang Salmerón
En el cargo de magistrado del CSE desde el año 2000. Ocupó la vicepresidencia de ese poder del Estado hasta 2014, cuando lo sustituyó Lumberto Campbell. Lang es un excomandante guerrillero sandinista, alcanzó el grado de coronel del Ejército, donde ocupó el puesto de jefe de logística y luego jefe de la Fuerza Aérea entre 1984- 1987. Su esposa, María Esperanza Valle, también sandinista, es diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
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Lang es un cuadro de la llamada «vieja guardia». Entró al CSE como hombre de confianza de Ortega. Mientras fue vicepresidente del CSE, fungió como el brazo fuerte del sandinismo en ese Poder del Estado donde se enfrentaba al también entonces poderoso Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin embargo, a partir de que Rivas adquirió más protagonismo y ya no representaba un obstáculo para los intereses del FSLN, Lang pasó a un segundo plano. Sigue siendo muy cercano a Ortega, pero según fuentes sandinistas, mantiene serias contradicciones con Rosario Murillo y eso ha opacado su participación en las decisiones de envergadura de ese partido.
Luis Enrique Benavidez Romero
Magistrado electoral desde el 2005 cuando fue electo a ese cargo bajo los acuerdos bicaudillistas Alemán-Ortega. Benavidez, en el 2008, denunció que las elecciones municipales de ese año se desarrollaron en un «ambiente oscuro y turbio», y denunció que hubo «nulidades y artimañas» porque los resultados, según sostuvo, no eran creíbles, sin embargo, poco tiempo después cambió de discurso y se plegó al FSLN.
Se hizo célebre no por alguna buena decisión o acción dentro del CSE, sino porque en el 2010, Daniel Ortega, mediante el controversial e inconstitucional acuerdo presidencial 03-2010, postergó en sus cargos a decenas de funcionarios públicos con cargos vencidos. El magistrado Benavidez inicialmente rechazó el «decretazo» y se negó a acogerse a él, pero no aguantó mucho y pocos días después regresó a su cómoda oficina de esa institución y fue cuando el entonces caudillo liberal Arnoldo Alemán, refiriéndose a Benavidez, dijo que había regresado a su cargo amparado en el decreto de Ortega porque «la calle está dura». Después de eso fue reelecto como magistrado, ya subordinado a los intereses de Daniel Ortega y el FSLN.
Judith del Socorro Silva Jaen
Fue nombrada magistrada del CSE en julio de 2015 a propuesta de Daniel Ortega para cubrir la vacante que dejó José Marenco Cardenal, quien falleció el 11 de julio de ese mismo año.
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Antes era presidenta ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) hasta el 16 de junio de 2015. En ese momento si dijo que fue obligada a renunciar a su cargo en el Invur por problemas presupuestarios en dicha cartera. Es militante del FSLN y hasta antes del 2007 prácticamente desconocida. Pasó casi desapercibida por el CSE. Quizá su única marca que deja es la firma en la nómina de pago y su aval al fraude electoral del 2016, las municipales del 2019 y las regionales del 2019.
Norma Morena Silva
Lo más notable de Moreno Silva es quizá su primer apellido, “Moreno”, porque es hermana del «poderoso» e influyente, dentro de las esferas del poder sandinista, Fidel Moreno, secretario, con poder de alcalde, en la Alcaldía de Managua y sancionado por Estados Unidos.
Norma Moreno solo aguantó un periodo, fue nombrada magistrada del CSE en febrero de 2016, en reemplazo del exmagistrado Johnny Tórrez, quien renunció. Antes de ser magistrada electoral, ejercía como embajadora en Argentina y concurrente en Paraguay, cargos que ocupaba desde el 2013. Es abogada y notaria con amplia trayectoria en el partido FSLN. Fue miembro de la Juventud Sandinista y fundadora de la Asociación de Niños Sandinistas Luis Alfonso Velásquez Flores. También fue secretaria política del Distrito IV, en Managua, en el 2010 y Procuradora Especial de la Niñez entre 2005 y 2011.
Los suplentes
Los magistrados suplentes que prácticamente solo llenaron el requisito de ser electos porque así lo dice la Ley se fueron siendo desconocidos.
Virginia Molina Hurtado, Emiliano Enríquez Lacayo y Miguel Ángel Meléndez. Enríquez fue electo como miembro del Partido Conservador, pero finalmente se plegó al partido de Gobierno. En tanto Meléndez se identificaba como miembro del Partido Liberal Constitucionalista.
