La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el orteguismo, eligió a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), entre ellos reelectos el presidente interino de ese poder del Estado y sancionado por Estados Unidos, Lumberto Ignacio Campbell, y Mayra Antonia Salinas Uriarte, actual magistrada y extitular del Instituto de Turismo (Intur).
La Unión Europea declaró que la reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen constituyen un “retroceso” de la democracia. La OEA y EEUU también se sumaron al rechazo.
La administración Ortega-Murillo se adjudicó el control del CSE, lo que generó el rechazo inmediato de grupos de oposición. Unamos emitió un comunicado tachando de «sesgada» la elección y asegurando que esa forma de operar de la dictadura deja muy pocas probabilidades de que el país tenga comicios libres y transparentes, exigencia a la que también se ha unido la comunidad internacional.
«El día de hoy (martes, cuatro de mayo), la familia Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados y magistradas al Consejo Supremo Electoral, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense», denuncia Unamos.
Suyen Barahona, presidenta de esa agrupación, expresó que «los Ortega Murillo desperdiciaron una oportunidad más para hacer confiable el sistema electoral» y que la apuesta del régimen es «constituir más de lo mismo: un órgano del Estado totalmente copado por los incondicionales de la familia Ortega Murillo».
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Finalizan confirmando su compromiso de que este sea el año de la libertas, pese a la falta de unidad en la oposición y un Consejo Supremo Electoral con nada de credibilidad, a como ellos mismos lo califican.
