Por: Michelle Aguilar
La propuesta de reforma tributaria que impulsó el gobierno de Colombia el 15 de abril, en medio de una crisis económica debido a la pandemia, fue el detonante de protestas y los llamados paros en diferentes localidades de ese país suramericano, entre ellas; Cundinamarca, Antioquia y en el Valle del Cauca.
A las manifestaciones, contra un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos de la canasta familiar, aumentar del costo de la gasolina, la imposición de impuestos solidarios para los salarios altos y la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios fúnebres, la Policía respondió con violencia, dejando a su paso muertes y heridos.
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Según el entonces ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, la reforma buscaba obtener una entrada de dinero de aproximadamente 6,000 millones de dólares anuales para solventar programas de ayuda a los a los más pobres y a los afectados por la pandemia.
Los colombianos se tomaron las calles el 28 de abril catalogando la propuesta como un robo y un atropello a las necesidades de los colombianos en medio de una crisis económica, pero la fuerza policial desmedida hasta el momento ha dejado varios muertos y heridos, principalmente en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. Hasta la mañana de este cinco de cinco de mayo se registran al menos 19 fallecidos y aproximadamente 800 heridos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha dado marcha atrás y solicitó «al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera». Además, añadió que «la reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales».
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Los pronunciamientos de la comunidad internacional no se hicieron esperar ante la ola represiva. La Organización de Naciones Unidas (ONU), Unión Europea, Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron comunicados rechazando el uso de la fuerza desmedida por parte de la Policía Nacional de Colombia.
La CIDH a través de su cuenta de Twitter condenó el «uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Según información, se registraron al menos 19 muertes entre el 28 de abril y el dos de mayo. El tres de mayo, solo en Cali fueron al menos cinco fallecimientos más, entre ellos dos jóvenes de 15 y 17 años».
Asimismo, la OEA insiste en que debe respetarse el derecho a la protesta pacífica. A su vez, la embajadora de la Unión Europea en Colombia recalcó que «la protesta pacífica es legítima. Condenamos firmemente la violencia desatada. Urge una desescalada y evitar todo uso excesivo de la fuerza. Confianza en las instituciones para investigar violaciones de Derechos Humanos y abrir diálogos. Estamos con Colombia».