El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) emitió un pronunciamiento tras la aprobación de las reformas electorales orteguistas, con las cuales se limitan las competencias para la oposición y desoyen la petición de organismos nacionales e internacionales que pedían cambios que garantizaran comicios libres y transparentes.
En su comunicado, el Cenidh afirma que la imposición de Daniel Ortega de unas reformas a su medida demuestran el «desprecio a los llamados de la comunidad internacional, basados en las convenciones y normas internacionales que establecen la protección a los pueblos frente al atropello de gobiernos dictatoriales como el de Ortega-Murillo». Además, sostiene que seguirán en su labor de defender los derechos humanos.
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En su escrito, el organismo condena esa aprobación, que fue avalada con 85 votos en el plenario. Argumenta que con esta decisión se «cierran los esfuerzos por restablecer la democracia en el país y consolida las estructuras para continuar la carrera de fraudes electorales».
El régimen Ortega-Murillo entre cuatro de mayo también impuso a sus magistrados electorales, dos de ellos reelectos en sus cargos. El Cenidh indica que la administración de turno se encargó de garantizar el control del Consejo Supremo Electoral (CSE) para imposibilitar la participación democrática de nuevos partidos.
En el artículo 81 de la reforma electoral aprobada queda establecido que «no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elecciones señalados en el artículo 1 de la Ley, quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fueren prohibidos con la conformidad de la Constitución Política, Ley de Agentes Extranjeros No.1040, y la Ley No.1055 de Defensa de los Derechos del pueblo a la independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz». Ortega amenaza con inhabilitar a opositores acusándolos de «traidores de la patria».
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La normativa también prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento y donaciones privadas o públicas provenientes del extranjero; se mandata el 50 por ciento de mujeres y hombres para los cargos públicos, y señala que la Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones que no sean partidarias «no interfieran» en la campaña electoral.
