Más de 50 organizaciones políticas, sector privado y de la sociedad civil firmaron un pronunciamiento conjunto en rechazo absoluto de la iniciativa de reforma electoral impulsada por el régimen de Daniel Ortega, y exigen una reforma que garantice elecciones libres y transparentes en las eventuales elecciones presidenciales el siete de noviembre del corriente.
«Unimos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) en su resolución del 21 de octubre de 2020», declara el documento publicado este jueves, 22 de abril, y firmado por integrantes de la Sociedad Civil, Alianza Ciudadana, Coalición Nacional, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la diáspora nicaragüense.
La oposición señala que la propuesta de Ortega contiene aspectos lesivos que establecen nuevas restricciones a las libertades políticas y mantiene intacto el bipartidismo de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante, no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos.
Por tanto, no responde a la demanda nacional e internacional de elecciones democráticas y por el contrario, profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales.
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«El proceso iniciado recientemente en la Asamblea Nacional para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes, 12 de abril, por la bancada del FSLN, no contribuyen en forma alguna al logro de ese objetivo, que demandamos la mayoría de los nicaragüenses con el respaldo de la comunidad internacional».
Los firmantes instan a los diputados ante la Asamblea Nacional que asuman «con sentido de nación su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales idóneos y probos que respeten la voluntad ciudadana y contribuyan dignamente a una salida cívica y pacífica a la crisis nacional».
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En octubre de 2020, la OEA aprobó una resolución en la que pide al régimen de Nicaragua la libertad de los presos políticos, la reestructuración e independencia del CSE, el despliegue de una misión de observadores independientes en las elecciones de noviembre y reformas electorales aprobadas a más tardar en mayo de 2021. Los países miembros y la Unión Europea han advertido al régimen que, de no implementar garantías para un proceso electoral transparente y justo, los resultados serán desconocidos y el electo sería declarado ilegítimo.
Difícilmente Daniel cambiará las reformas hechas, todo lo hace para re-elegirse en el poder y no lo abandonará por las buenas.-