El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua a que en las posibles elecciones presidenciales se garantice el respeto del derecho a la reunión pacifica, al tiempo que criticó las leyes represivas que el régimen ha aprobado desde hace varios meses con la intensión de suprimir más libertades de ciudadanas.
«Según la información que recibí, el Gobierno de Nicaragua desde septiembre de 2018 ha seguido prohibiendo las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo crítico con el Gobierno. Estas restricciones están socavando el derecho de reunión pacífica, que es uno de los derechos fundamentales en cualquier proceso electoral significativo y libre. Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice plenamente el derecho de reunión pacífica en Nicaragua», dijo el relator especial.
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Tales declaraciones fueron vertidas por el alto funcionario de la ONU durante una entrevista que sostuvo con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race & Equality), realizada en el marco del tercer aniversario del estallido de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua.
En el encuentro, Voule insistió en que el Gobierno de Daniel Ortega debe suspender la aplicación de las llamadas «leyes represivas» entre las que se cuentan la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.
«Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta del Gobierno (de Nicaragua) a la comunicación OL-NIC-3/20201, que fue enviada el pasado mes de noviembre de 2020, sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. donde se detalla una serie de preocupaciones acerca de esas leyes, que se considera, violaban las normas y estándares internacionales de derechos humanos», explicó Value.
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El relator detalló que una de las preocupaciones es que con Ley Putin se prohíbe a los etiquetados como agente extranjero «intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos» sin definir esos términos. «Esta amplia prohibición viola no solo el derecho a la libertad de asociación, sino también los derechos a la participación política, la libertad de expresión y reunión pacífica y limita gravemente la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas para plantear cualquier cuestión relacionada con las políticas o participar en actividades consideradas políticas», denunció Value.
El delegado externó su «admiración por la valentía y perseverancia de los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua que enfrentan innumerables obstáculos en el desempeño de su labor. Es fundamental mantener la atención internacional a la situación de los derechos humanos en Nicaragua ya que estamos observando serias restricciones al espacio cívico y democrático, incluyendo ataques, hostigamientos y amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. Esto es aún más relevante de cara a garantizar elecciones libres, iguales y transparentes en noviembre de 2021. La sociedad civil en Nicaragua cuenta con mi apoyo y continuaré mi compromiso con ellos para abordar la crisis actual».