Con 90 votos a favor fue aprobada este lunes, 12 de abril, la convocatoria para dar inicio al proceso de elección de nuevos magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral (CSE) y posibles reformas electorales, en aras de legitimar unas eventuales elecciones en noviembre de 2021 ante la presión nacional e internacional que exige comicios libres, justos y transparentes.
A partir de la publicación de la convocatoria en el diario oficial La Gaceta, se abre el plazo de 15 días para presentar las propuestas ante la secretaria de una Comisión Especial de carácter constitucional para Asuntos Electorales, creada también este lunes, de tal manera que el 29 de abril estaría dictaminando, señaló el presidente de la Asamblea, diputado sandinista Gustavo Porras. Tanto el Presidente de la República, en este caso Daniel Ortega, como los diputados ante la Asamblea Nacional podrán presentar sus respectivos candidatos a ocupar las sillas del Poder Electoral, siete magistrados en calidad de propietarios y tres suplentes.
La Comisión Especial encargada de recibir y dictaminar las propuestas de futuros magistrados, así como posibles reformas a la Ley Electoral, está conformada por cinco diputados al servicio del régimen, una diputada del Partido Liberal Constitucionalisa (PLC) y un parlamentario del Partido Liberal Independiente (PLI), que en ocasiones anteriores ha apoyado las iniciativas del FSLN.
La integran los diputados sandinistas María Auxiliadora Martínez Corrales, quien presidirá la Comisión; Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila, Jenny Azucena Martínez Gómez, Wálmaro Gutiérrez; la nueva presidenta de la bancada del PLC, diputada Rosa Argentina Navarro, y el diputado del PLI Mario José Asensio Florez. La Secretaría de la Comisión estará a cargo de la directora general de asuntos legislativos, doctora Aniuska Fabián Abea Gómez.
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Estos parlamentarios serán los encargados de revisar, estudiar, consultar, elaborar el informe y dictaminar de los aspectos electorales, a siete meses de celebrarse las elecciones generales en el país.
Los cambios responden a una demanda permanente por parte de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional. En octubre de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) condicionó la legitimidad del futuro gobernante de Nicaragua a las reformas electorales, y estableció como fecha tope el mes de mayo para hacer efectivo los cambios correspondientes.
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El precandidato presidencial Arturo Cruz considera que «hay que tomarle la palabra al régimen» y exigir la implementación de las reformas recomendadas por la OEA, mientras el diputado de Yatama, Brooklin Rivera, afirmó que desde su curul se puede «canalizar» las propuestas de los grupos de oposición que no cuentan con representación en la Asamblea Nacional. Igual oferta hizo el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Jimmy Blandón. Desde ya, la Coalición Nacional se mostró dispuesta a buscar acercamientos con partidos políticos para llevar su propuesta ante ese Poder del Estado.
Actualmente el Poder Electoral al servicio del régimen está representado por el sancionado Lumberto Campbell, presidente en funciones, tras el descabezamiento del sancionado Roberto Rivas. En el CSE están vacantes diez cargos, siete en calidad de propietarios y tres suplentes, cuyos cargos están vencidos. A Campbell le acompañan Emmet Lang Salmerón, Luis Benavides Romero, Judith Silva Jaen, Mayra Salinas, Norma Moreno, y los suplentes Virginia Molina Hurtado, el conservador Emiliano Enríquez Lacayo, y el liberal Miguel Ángel Meléndez.