Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentaron la iniciativa de Ley de reforma y adición a la Ley Electoral (Ley 331), a pocas horas de haber sido aprobado en la misma Asamblea, la Comisión Especial con carácter constitucional, encargada de revisar y dictaminar los respectivos cambios en el Poder Electoral y la normativa.
La normativa, promovida por los diputados al servicio del régimen, propone «incorporar de manera expresa la prohibición a partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas, de recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto». El planteamiento va en correspondencia con las recientes leyes impulsadas por Daniel Ortega para limitar e inhibir la participación de la sociedad civil y políticos de la oposición en el proceso electoral, en particular, la Ley de Agentes Extranjeros.
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Con 90 votos a favor fue aprobada la convocatoria para dar inicio al proceso de elección de nuevos magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral (CSE) y posibles reformas electorales, en aras de legitimar unas eventuales elecciones en noviembre de 2021 ante la presión nacional e internacional que exige comicios libres, justos y transparentes.
A partir de la publicación de la convocatoria en el diario oficial La Gaceta, se abre el plazo de 15 días para presentar las propuestas ante la secretaria de una Comisión Especial de carácter constitucional para Asuntos Electorales, creada también este lunes, de tal manera que el 29 de abril estaría dictaminando, señaló el presidente de la Asamblea, diputado sandinista sancionado Gustavo Porras. Tanto el presidente de la República, en este caso Daniel Ortega, como los diputados ante la Asamblea Nacional podrán presentar sus respectivos candidatos a ocupar las sillas del Poder Electoral, siete magistrados en calidad de propietarios y tres suplentes.
Diputados aprueban convocatoria para elección de magistrados electorales.
La Comisión Especial encargada de recibir y dictaminar las propuestas de futuros magistrados, así como posibles reformas a la Ley Electoral, está conformada por cinco diputados al servicio del régimen, una diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y un parlamentario del Partido Liberal Independiente (PLI), que en ocasiones anteriores ha apoyado las iniciativas del FSLN.
La Organización de Víctimas de Abril (OVA), una de las agrupaciones que aglutina a los familiares de los asesinados durante la represión ordenada por el régimen Ortega-Murillo a partir de abril de 2018, aseguró mediante un comunicado que no declarará su apoyo a ningún precandidato presidencial de la oposición mientras las fuerzas opositoras no se hayan unido.
Al mismo tiempo, OVA advierte en su comunicado que no se prestará a ser «portátil» para campaña de ningún precandidato, al tiempo que insiste en que no debe haber elecciones sin condiciones ni sin la liberación de los presos políticos.
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El Gobierno de Nicaragua detalló que se conformó una Comisión Interinstitucional con el objetivo de realizar los procedimientos de repatriación del niño Wilton Eniel Gutiérrez Obregón, de diez años, rescatado por un oficial de la Patrulla Fronteriza estadounidense en el desierto, en el lugar conocido como La Grulla, fronterizo con México, el primero de abril.
La Comisión Interinstitucional, integrada por el Ministerio de la Familia y Policía Nacional, impulsará la repatriación del menor. La vocera gubernamental Rosario Murillo aseguró que están en comunicación con las autoridades policiales estadounidenses, mexicanas y la Interpol, para localizar y repatriar también, de ser posible, a Meylin del Socorro Obregón, la madre del niño, que, según versiones del hermano de ella, estaría secuestrada por grupos delincuenciales mexicanos.
Investigaciones periodísticas confirman que la madre y el niño abandonaron Nicaragua y emprendieron su viaje hacia Estados Unidos para escapar de la violencia intrafamiliar que sufría a manos de su expareja llamado Lázaro, lo que ha sido minimizado por el régimen de Nicaragua.
