El régimen de Daniel Ortega cedió a las demandas de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, y se prepara a realizar cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y a la Ley Electoral, de cara a los comicios generales en noviembre de 2021. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a sesión el próximo lunes, 12 de abril, para dar inicio al proceso de reformas electorales y elección de magistrados.
El anuncio fue dado a conocer por el diputado sandinista sancionado, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, quien de manera solapada mencionó la apertura del régimen para dar paso a las reformas, hechas incluso, por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2020. Aunque, analistas y políticos de oposición señalan que podrían tratarse de reformas «técnicas».
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La Ley establece que el presidente de la República y los diputados ante la Asamblea Nacional podrán presentar sus respectivos candidatos, quienes ocuparían las sillas del Poder Electoral, siete en calidad de magistrados propietarios y tres como suplentes.
La aspirante a la Presidencia de la República, Cristiana Chamorro Barrios, sostendrá una reunión con miembros del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL). El encuentro está previsto para el próximo martes,13 de abril, para analizar su posible inscripción como precandidata presidencial de la casilla 15 de la Alianza Ciudadana.
Chamorro Barrios informó que se comunicó con la presidenta del partido, Kitty Monterrey, para consultarle sobre cuándo podrían recibirla para plantearle preguntas y sugerencias. Monterrey le habría dicho que «con mucho gusto» la recibirá en horas de la mañana de la próxima semana.
El político Noel Vidaurre nuevamente aspira a un cargo público de cara a las próximas elecciones presidenciales en noviembre. El abogado se prepara para anunciar su precandidatura a la Presidencia de Nicaragua por parte de su movimiento «República Avanza», que se trata de un bloque de centro-derecha de la oposición.
Vidaurre está interesado en establecer alianzas con el partido Ciudadanos por la Libertad de Kitty Monterrey, y con liberales y conservadores, pero rechaza tener acercamientos con la Coalición Nacional por estar integradas por antiguos sandinistas.
La empresa de origen estadounidense Riverside Coffee presentó una demanda contra el Gobierno de Nicaragua alegando que los paramilitares del régimen de Daniel Ortega destruyeron su inversión en una plantación de aguacate que tenían en el país. Culpan al régimen por quedarse de brazos cruzados cuando los paramilitares invadieron esa propiedad, identificándolos como los parapolicías que salieron a atacar a los ciudadanos que protestaron contra el gobierno a partir de abril de 2018.
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El reclamo es por 590 millones de dólares y con la suma, la empresa norteamericana pretende recuperar los fondos invertidos en el proyecto. De acuerdo con una publicación de CIAR Global, revista de arbitraje de la comunidad Iberoamericana, la demanda fue registrada el 2 de abril de 2021 por la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI. La empresa invocó al mecanismo de solución de controversia del Acuerdo de Libre Comercio DR-CAFTA.
