Mientras los familiares del exreo político Ernesto Jarquín Orozco sufren su muerte a manos de un desconocido que le propinó varios disparos, seguidores del Frente Sandinista y hasta un medio de comunicación al servicio de la propaganda gubernamental etiquetan a la víctima como «terrorista» destacando supuestos delitos que se le achacaron como para justificar su asesinato y ensalzar a los responsables del crimen, lo que podría constituir un «ciberdelito», según explica la experta en derecho penal Martha Patricia Molina.
El ciudadano Ernesto Jarquín Orozco, habitante de Mulukukú, fue asesinado la tarde del lunes, 29 de marzo, por un sujeto que se dio a la fuga mientras estaba en un autolavado de su localidad. De acuerdo con medios de comunicación locales, un tipo que se movilizaba en una motocicleta llegó hasta el punto donde estaba Jarquín Orozco y sin mediar palabras le disparó cinco veces causándole la muerte instantánea.
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El medio de comunicación oficialista Radio La Primerísima, en su sitio oficial de internet, publicó con titular destacado una nota en la que dice: «Matan de cinco balazos a terrorista en Mulukukú», además, remarca los supuestos delitos por los que fue acusado Jarquín Orozco durante las protestas sociales de 2018.
«Jarquín Orozco era habitante del barrio Ciudadela de este municipio caribeño y fue uno de los acusados junto al exalcalde Apolonio Fargas por los delitos de terrorismo, asesinato agravado, crimen organizado, uso de armas restringidas, entorpecimiento de servicios públicos (transporte), robo agravado, asesinato en grado de frustración y toma de rehenes por el crimen de tres tenientes de la Policía Nacional y lesiones a otros dos oficiales asignados al puesto policial de la comunidad Sislao, Paraska, comarca Pueblo Nuevo, de Mulukukú», dice la nota de La Primerísima.
Para la abogada Martha Patricia Molina, ese tipo de información podría constituir un ciberdelito pues difunde información que no es verdadera al etiquetar de terrorista a la víctima. «Es como estar diciendo que se merecía ser asesinado, por tanto constituye un ensalzamiento del delincuente, lo que es penado según la Ley Especial de Ciberdelitos aprobado por el régimen en octubre del año pasado (2020)», recalca.
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El artículo 29 de la Ley de Ciberdelitos establece que «quien, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días multa».
Asimismo, el artículo 30, en su párrafo segundo afirma que «si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multa», y en este caso, según la abogada Molina, etiquetar de terrorista al ahora difunto Jarquín Orozco, es una información falsa que perjudica el honor y la reputación no solo de la víctima de asesinato sino de toda su familia.
La abogada Martha Patricia Molina
La abogada Molina analiza que «los señalamientos realizados por los medios oficialistas respecto al asesinato del expreso político es un delito contra el honor de las personas tipificado en las leyes penales de nuestro país y una clara violación del artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos. Los familiares del fallecido perfectamente pueden iniciar una acusación penal en contra de las personas que han publicado esa información falsa».
«Nos debe de alertar que estos medios (de comunicación oficialistas) con el tipo de información que publican y la redacción con la que la dan a conocer, pareciera que justifican el delito. Y eso es fatal en una democracia. La pena de muerte en Nicaragua no existe», advirtió la abogada y agrega que «también están incitando a la ciudadanía a que los problemas en Nicaragua no se resuelven ante la autoridad judicial sino con las balas. En el caso concreto, están enalteciendo al autor (del asesinato)».
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Jarquín Orozco, de 48 años, fue un conocido activista opositor político al Gobierno de Daniel Ortega y estuvo privado de libertad en calidad de reo político junto al exalcalde Apolonio Fargas y otras personas, acusados de una serie de delitos, luego de participar en las protestas sociales de 2018.
Fue excarcelado mediante la controversial Ley de Amnistía aprobada por el régimen mediante la cual liberó a los opositores detenidos, pero también dejó sin investigar ni procesar más de 300 asesinatos contra opositores que se le achacan a la Policía Nacional y a las fuerzas paramilitares integradas por militantes sandinistas.
Policía también destaca acusaciones contra victima
En su nota de prensa número 61, del 30 de marzo del 2021, la Policía Nacional, al dar a conocer el crimen contra el opositor Ernesto Jarquín Orozco, de inicio lo tipifica como «muerte homicida» y luego se limitan a decir dónde ocurrieron los hechos y que se trató de un autor hasta ahora desconocido. Lo que sí destacan son los supuestos delitos que se le imputan al difunto, que son los mismos que destaca La Primerísima en su nota informativa.
