El volcán San Cristóbal registró una fuerte explosión la tarde del martes, provocando que el casco urbano de la ciudad de Chinandega y comunidades aledañas quedaran cubiertas de cenizas.
Pobladores de las comunidades aledañas dijeron a medios de comunicación local que a eso de la una de la tarde se empezaron a escuchar «retumbos» o truenos en lo alto del volcán y momentos después empezó a emanar gran cantidad de gases y cenizas que se elevaron por encima del cono volcánico y se dispersaron hasta ir a caer, incluso, hasta la ciudad de Chinandega.
La ciudad de Chinandega se vio cubierta por una extensa nube gris que también provocó la caída de cenizas sobre la ciudad dificultando el tránsito por la oscuridad que provocó y llenó el ambiente de un fuerte olor a azufre, además de la contaminación de particular que podrían afectar la respiración de los locales.
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Por su parte, la vocera gubernamental, Rosario Murillo, minimizó la situación e indicó que se trata de explosiones «habituales» en un país de volcanes. «Explosiones habituales en el San Cristóbal una más alta con caída de ceniza que es lo más común, en las comunidades aledañas, ya está ahí el COMUPRED vigilante y actuando. Recordemos que mañana, vuelvo a decirlo, es el Ejercicio Nacional. Todos estos eventos que se presentan a veces con mucha frecuencia en nuestras vidas, es un país de lagos, de volcanes, tenemos que atenderlos y tenemos que, precisamente, a partir de todas estas experiencias, fortalecer la capacidad para atender y para mitigar.», declaró Murillo.
El mandatario Daniel Ortega acusó nuevamente a los Organismos No Gubernamentales (ONG) de cometer lavado de dinero y financiar el terrorismo. Para representantes de ONG confiscadas, Ortega solo intenta justificar los atropellos de su régimen en contra de las entidades.
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Los activistas Haydée Castillo, fundadora y directora del Instituto de Las Segovias (ILLS), y Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río coincidieron que las declaraciones de Ortega son para «lavarse la cara» ante la presión nacional e internacional. Señalaron que incluso, Ortega tuvo que crear la ley de Agentes Extranjeros para continuar con las arbitrariedades, lo que ha sido criticado por la población nicaragüense y países como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea.
«Las ONG rinden un informe anual al Ministerio de Gobernación (Migob) y nunca hicieron ningún señalamiento de este tipo porque todos los fondos van con sus debidas auditorías, de manera que esta es como una salida de baño, se quiere limpiar la cara, pero no tiene ningún argumento porque el Migob tiene todo el registro», manifestó la socióloga y activista de derechos humanos.
Representantes del grupo político Unión Democrática Renovadora (Unamos) sostuvieron una reunión con representantes del Parlamento Europeo, miembros del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en la que abordaron la falta de voluntad del régimen de Daniel Ortega para efectuar las reformas electorales y la aplicación de leyes represivas.
Unamos denunció que las leyes de Ortega pretenden impedir la participación de la oposición en las eventuales elecciones generales en noviembre.
La periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, apeló el fallo dictado por la justicia del régimen, que la condenó por el supuesto delito de calumnias. La periodista de Bluefields se presentó a una audiencia especial en la que su abogado se opuso a la sentencia por no encontrarse pruebas. La periodista sostiene que la sentencia es política al montar juicios contra reporteros para intimidar a los periodistas independientes.
La vocera gubernamental Rosario Murillo continuó tildando de golpistas y terroristas a los opositores. En esta ocasión, también arremetió contra los medios de comunicación independientes, a quienes señaló de llenar de sangre las pantallas de televisión o las páginas de medios escritos durante las protestas sociales de 2018.
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Murillo afirmó que los periodistas ya se encontraban en el lugar donde se cometerían barbaridades porque según ella, ya sabían y eran parte de las supuestas torturas. La vocera sancionada se refirió así a las publicaciones de los medios independientes que mostraron las violaciones a los derechos humanos y represión que cometió su régimen.
