«8 de marzo: Por los derechos de las mujeres, basta de impunidad», demandó este lunes, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en ocasión al Día Internacional de la Mujer. La organización denunció las violaciones a los derechos de las mujeres, la impunidad y la falta de políticas de Estado para prevenir y erradicar la violencia de género.
Congresistas norteamericanos de los partidos demócrata y republicano al unísono piden a la comunidad internacional unirse para exigir a Ortega que garantice elecciones libre y democráticas.
Según registros de Católicas por el Derecho a Decidir, 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en el 2020, y en lo que va de este año, al menos 12 mujeres han sido asesinadas, retomó el Colectivo.
«Provocando en los hogares de cada una de ellas, luto y dolor, así como niños y niñas en la orfandad, afectando a las comunidades y al país en general. Sumado a ello, dichos casos van quedando en la impunidad, debido a la inoperancia de las instituciones estatales encargadas de la administración de justicia».
Ejemplifica las «medidas regresivas» aplicadas en la reforma a la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres que permitió la mediación entre la víctima y el agresor, y restringió los femicidios al ámbito privado. También denunciaron la desarticulación de las Comisarías de la Mujer desde el año 2016 y las liberaciones anuales de centenares de hombres condenados por violencia contra la mujer.
A partir de la crisis sociopolítica en el 2018, las mujeres también han sufrido detenciones ilegales y arbitrarias, violencia sexual durante la detención o durante la visita a familiares de presos políticos; y han sufrido el dolor por el asesinato de sus hijos, pareja o familiares, delitos se encuentran en la impunidad, denunció la organización.
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Actualmente, las defensoras de derechos humanos también se enfrentan a las nuevas leyes restrictivas del régimen de Daniel Ortega que limitan la actuación de las abogadas al amenazar con multas y cárcel a las personas que no coinciden con la posición de la dictadura.
«Como Colectivo exigimos al Estado políticas públicas que acaben con la violencia estructural contra las mujeres, el cese de la violencia sexual utilizada como método de tortura en el sistema carcelario del país y se garantice a las víctimas el derecho de justicia, de vivir seguras, libres de violencia y sin discriminación», reclamó la organización en un comunicado.
