Líderes de las comunidades indígenas mayangnas denunciaron que el Gobierno de Nicaragua los ha abandonado a su suerte ante el grave problema que representa el proceso de invasión de «colonos» a sus territorios, situación que ha dejado ya tres personas muertas, varios heridos y decenas de familias desplazadas de sus comunidades ante el peligro que representan los invasores foráneos.
La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.
En conferencia de prensa en Managua, Pedro Justo Jacob, líder comunitario del territorio Sauni As, del municipio de Bonanza, del Caribe Norte, declaró que «en cumplimento de nuestro deber, de lo que nos mandata la Constitución de que tenemos la libertad de expresarnos ya sea privado o en público, queremos exponer los problemas que tenemos en el territorio mayangna, en el municipio de Bonanza. El Gobierno ha dicho que en Nicaragua tiene reservas, sin embargo nosotros como pueblos originarios de esta nación, lo que argumentamos es que de parte del Gobierno no hay reservas, no son patrimonio del Estado, lo que hay son patrimonios ancestrales de los pueblos indígenas, en este caso mayangnas, del municipio de Bonanza».
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Jacob llegó este jueves, 11 de febrero, acompañado por dos comunitarios más hasta la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para insistir en la situación de violencia que se vive en esa zona más el abandono e indiferencia que muestra el Gobierno ante esa problema y exigieron a las autoridades a respetar y hacer respetar los territorios indígenas.
El dirigente señaló que «los últimos problemas que hemos tenido fueron, el 22 de enero en la comunidad más lejana del territorio en donde hubo ataques armados y heridos. Las amenazas de los colonos que invaden nuestras propiedades y hemos tenido afectaciones a nuestras comunidades. Hay comunidades que tienen que huir a otras para salvaguardar sus vidas, porque ha habido muertes y amenazas de muerte como el año pasado en la comunidad de Alal. Estamos amenazados y obligados a venir a denunciar públicamente lo que está pasando y demandamos al Gobierno, de manera formal, de acuerdo con lo que establece la Constitución, a que nos proteja porque también tenemos derechos de acuerdo con la Ley 445 de tierras comunales, por la Ley 28 que es la Ley de Autonomía».
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«El Gobierno siempre habla del el amor, la protección, la seguridad, la democracia, pero no es lo que se vive en Nicaragua, no es eso (palabras) lo que estamos pidiendo. Nosotros somos hijos de Nicaragua y queremos ser claros que antes que el Estado de Nicaragua fuera, nosotros ya estábamos aquí, en lo que ahora es Nicaragua y por eso exigimos que el Estado ponga cartas en el asunto», reclamó Jacob.
Según el denunciante, la Ley 445 ordena al Gobierno el del saneamiento de los territorios, sin embargo no lo han hecho «y ahora nuestras 22 comunidades viven amenazadas por los colonos. Nuestros comunitarios no pueden salir a cultivar sus parcelas ni a la actividad de güiriseros, que es una de las actividades más importantes del territorio, porque estamos amenazados por los colonos armados en nuestros propios territorios».
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Jacob aseguró que entre la población mayangna hay bastante preocupados por la inseguridad que se vive en ese territorio y por eso lo están haciendo público, para que se sepa lo que está pasando.
«En el municipio (de Bonanza) no hay instituciones de derechos humanos para interponer denuncias y tenemos que viajar tan lejos para denunciar lo que está pasando en todos los territorios indígenas de la Costa Caribe. Están el Ejército, la Policía y todas las instituciones que deben velar por la seguridad y el medio ambiente en el territorio, pero no están haciendo nada. Estamos haciendo saber a toda Nicaragua y comunidad internacional lo que está pasando para que se revise esa situación. No estamos violando los derechos de nadie, estamos y vivimos en un espacio que es de nosotros, que nos pertenece, Si el Estado reconoce nuestro título de propiedad, que extendió en el 2007, tiene la obligación por velar por nuestra seguridad», sentenció el dirigente mayagna.
Por su parte, la abogada de la CPDH Karla Sequeira sostuvo que recibieron la denuncia de los líderes comunitarios mayangnas y que ahora procederán a hacer una investigación par elevarla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Estamos recibiendo la denuncia de los ciudadanos, de los líderes comunitarios sobre las amenazas y agresiones que están sufriendo las comunidades mayangnas, donde han muerto hasta ahora tres personas. Estamos haciendo las averiguaciones de todos los hechos y los vamos a poner en conocimiento a la CIDH», indicó la abogada.
Lo que no se habla es que los colonos han tomados estas medidas porque ellos venden las tierras y despues quieren quitársela valiéndose que son indígenas estafan alas personas y los colonos invierten todo su dinero con la esperanza de trabajar hay muchos casos de esos en la costa investiguen eso también