La organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza cuatro víctimas de femicidio y siete en grado de frustración en el primer mes de 2021. Solo en uno de los casos una de las mujeres asesinadas convivía con su agresor.
La cuatro ciudadanas asesinadas en enero corresponden a: Damaris Silva, de 36 años, originaria de Managua, Luz Marina Galán, de 39, de Rivas, Katring López, de 21, de Nueva Segovia y Justina García, de 44, de la Región Autónoma Costa Caribe Sur.
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En cuanto al asesinato de Damaris Silva, el principal sospechoso es su primo, identificado como Joel Antonio Bellorín Silva, que acabaría con la vida de su familiar el primero de enero de este año y actualmente está prófugo.
Policía presenta a los presuntos femicidas de la joven Katring López. Foto: Internet.
Ante esta incremento de crímenes contra las mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir afirma que no existen condiciones para reformar las circunstancias del femicidio, «limitándolo solamente al ámbito de relaciones interpersonales de pareja, vulnerando el marco jurídico internacional de prevención, persecución y sanción del femicidio».
«Rechazamos la reforma a la artículo número nueve de la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres», enfatizó la organización quien lamenta la ola de asesinatos en el primer del año.
71 víctimas en 2020
En el 2020, la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabilizó 71 víctimas de femicidios en Nicaragua, registrados del primero de enero al 31 de diciembre. Estos datos superan las cifras de 2018 que registró 61 casos y 2019 que sumó 63.
El reporte detalla que del 100 por ciento de lo agresores, 12 están en proceso judicial, dos están prófugos, 17 están en la impunidad, uno quedó absuelto, 22 han recibido sentencia, nueve se suicidaron y seis huyeron del país. Martha Flores, coordinadora de CDD, lamentó estas acciones en contra de las mujeres nicaragüenses y señala como único responsable al régimen de Daniel Ortega, quien ha dejado impune estas muertes.
Ante la magnitud y gravedad de los femicidios en el país, la CDD demandó al gobierno de Daniel Ortega el fortalecimiento del marco jurídico para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres «y el desarrollo de nuevas estrategias y políticas públicas para proteger la vida y la integridad de las mujeres y niñas».
