El presidente de la Asamblea de Nicaragua y sancionado por Estados Unidos por su complicidad con la dictadura, Gustavo Porras, calló ante los cuestionamientos de la masacre a opositores en las protestas sociales de 2018, donde fueron asesinados, según organismos de derechos humanos, más de 300 ciudadanos.
Porras y la aplanadora de diputados orteguistas participaban en la conmemoración de los 54 años de la masacre perpetrada por la Guardia Nacional en contra de civiles, quienes el 22 de enero de 1967 protestaban contra la dictadura somocista en la avenida Roosevelt, cerca donde actualmente es la sede del Parlamento Nacional.
El sancionado se mostró indignado por los hechos en la época del somocismo y dijo que no van «permitir que regresen las fuerzas del odio que simplemente masacraban…)», pero el funcionario enmudeció ante las preguntas de la periodista del medio televisivo VOSTV, Walkiria Chavarría quien le consultó sobre la «otra masacre que ha sido denunciada por organismos de derechos humanos desde el 2018. ¿Qué tiene que decir?», le cuestionó la comunicadora, pero el sancionado huyó hacia el interior de la Asamblea. Gustavo Porras fue resguardado por una trabajadora de la Asamblea. El funcionario evitó responder y se limitó a decir: «Muchas gracias».
Señalado por maltrato, persecución y represión
El presidente de la Asamblea Nacional volvió a ser noticia, luego que la Central Sandinista de Trabajadores «José Benito Escobar» (CST-JBE), de la facción de Roberto González, para denunciar el maltrato que están sufriendo por parte de los propios sandinistas en el Ministerio de Trabajo (Mitrab) y otras instituciones públicas con la aparente confabulación del sancionado Porras, a quien catalogó como «dizque» sindicalista.
«El día que se instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo lo primero que recibimos, que fuimos convocados para participar en la discusión, los portones del Mitrab enllavados y la Policía Nacional. Esta es la tercera vez que las autoridades del Mitrab frente a demandas, reclamos, exigencias de los trabajadores cierran la puerta y llaman a las autoridades de la Policía Nacional como si fuéramos delincuentes», reclamó González en conferencia de prensa el 20 de enero.
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Los sindicalistas también denunciaron la negativa del Mitrab de certificar a sindicatos y federaciones, tanto de la Confederación José Benito Escobar como la CST Nacional, por un periodo de un año, aunque no especificaron cuántas organizaciones. El hecho catalogado como «inaceptable, intolerante, puro capricho y por razones políticas» es atribuido al sancionado Porras, dirigente del Frente Nacional de Trabajadores (FNT).