Bajo la represión declarada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que mantiene a por lo menos 120 presos de conciencia; en «casa por cárcel» a los principales líderes de la oposición y a más de 50 líderes territoriales asediados, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denuncia que Nicaragua vive en continuo Estado policial.
«La Unidad Nacional (Azul y Blanco) denuncia ante la comunidad nacional e internacional, especialmente ante organismos de derechos humanos, que el régimen mantiene un Estado policial de facto, de violaciones diarias a los derechos ciudadanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización, que amenazan cada día la vida e integridad física de la población nicaragüense», dice el informe sobre violaciones de los derechos humanos en el año 2020 que presentó este viernes 8 de enero, la organización opositora.
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La UNAB insiste en el tema de los presos políticos. En su recuento, señala que 110 ciudadanos fueron detenidos ilegalmente tras la insurrección popular de abril de 2018 y otros 10 fueron apresados antes de esta fecha. Además, la organización opositora indica que «del total de personas presas políticas, 64 fueron capturadas a lo largo de este 2020. Asimismo, 31 son excarcelados que fueron recapturados. La mayoría de reos de conciencia se encuentran en el Sistema Penitenciario La Modelo».
Ataques a la iglesias y a la prensa independiente
La entidad, cuyo origen está marcado por la insurrección de 2018 y aglutina a una serie de organizaciones de la sociedad civil, señala que el 2020 fue un año oscuro para las libertades civiles, incluyendo la libertad de culto y destaca que se registraron más de 50 ataques a la Iglesia católica.
El brazo represor del régimen ha dirigido ataques y represión contra los nicaragüenses autoconvocados. Foto: Tomado de Internet
«Entre los ataques hay profanaciones y amenazas de muerte contra sacerdotes críticos al régimen. En un claro repudio a la Iglesia católica y la libertad religiosa, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo usan retóricas de odio que incitan a sus fanáticos partidarios al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. El último hecho de gravedad fue el atentado terrorista que provocó el incendio en la capilla de la Sangre de Cristo, en la Catedral de Managua», reza el informe.
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Asimismo, los opositores recalcan que la libertad de expresión también estuvo bajo el asecho de la dictadura com más de 943 ataques al periodismo independiente entre julio y diciembre de 2020.
«La libertad de expresión, información y prensa continúan restringidas en el país. Las intimidaciones, las amenazas, las judicializaciones ilegales, los robos de equipos, los registros sin orden judicial y las retenciones arbitrarias se han convertido en asuntos cotidianos para las y los periodistas independientes. Todo apunta a que se agudice el nivel represivo en 2021 (año electoral). Medios como Confidencial y 100% Noticias cumplieron recientemente dos años de haber sido ilegalmente confiscados», denuncian.
Represión legalizada
El intento de la dictadura por legalizar la represión es otro de los aspectos repudiados, donde a través del «uso de leyes (muestran) una nueva modalidad de ataque a la oposición».
El régimen, «utilizando la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional, recientemente aprobó la inverosímil Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, una ley que además de ser violatoria a los derechos constitucionales, anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre de 2021».
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Agregan que «esta nueva ley, se une a otras tres normas aprobadas en la Asamblea en la recta final del 2020, las cuales están encaminadas a callar, criminalizar y penalizar a la oposición y a los periodistas independientes: Ley Especial de Ciberdelito, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la instauración de cadena perpetua por ‘crímenes de odio’. Estas leyes que violan los derechos constitucionales, conforman un andamiaje que da sustento jurídico a la represión que el régimen mantiene en el país».
Asimismo, el informe de la organización opositora destaca la utilización del sistema judicial, subordinado completamente a la pareja dictatorial, desde donde se orquestan juicios «viciados contra las personas presas políticas», lo que le ha permitido a la dictadura que, de los 120 presos políticos, «25 enfrentan procesos judiciales y 95 ya cuentan con una sentencia condenatoria» por delitos inventados en juicios anómalos.
