Defensores de derechos humanos, gremio periodístico y organizaciones políticas de oposición condenaron el allanamiento arbitrario en contra del periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León, acontecido la tarde de este lunes, cuatro de enero, y advirtieron de una posible estrategia gubernamental para descalificar al periodismo independiente.
Se trata de un «hecho inadmisible» por parte del Gobierno, con intenciones de «estigmatizar» a los periodistas como «delincuentes», denunció la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
«La autoridad pretende intimidar e impulsar una especie de cacería jurídica en contra del periodismo independiente», alertó PCIN a la comunidad nacional e internacional.
«Cenidh condena allanamiento en casa del periodista, beneficiario de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cenidh responsabiliza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por esta violación a los derechos humanos», publicó el organismo en su cuenta en Twitter.
A su vez, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificó el acto de «persecución política y allanamiento arbitrario» en contra del periodista, quien «ha ejercido su labor como periodista independiente, alzando su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales».
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Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, se solidarizó con el periodista, y reiteró que «los regímenes autoritarios se soportan en la obsesión por atropellar la vida privada para sembrar miedo y capturar el debate público».
«La Policía criminal del régimen de Daniel Ortega en León allanaron ilegalmente la residencia del periodista Aníbal Toruño, ya anteriormente hostigado y amenazado. Exigimos respeto a sus derechos humanos. La comunidad internacional debe estar vigilante», declaró por su parte, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
A las puertas de unas posibles elecciones presidenciales en el país y estrenando leyes que coartan la libertad de expresión y participación política, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) también se pronunció señalando que la invasión representa un «abuso de autoridad y de funciones que violenta el respeto a la propiedad privada, la inviolabilidad de domicilio y seguridad individual».
