El régimen de Daniel Ortega reafirmó, una vez más, su política de censura y desprecio hacia la sociedad civil, la libertad de prensa y de expresión, manifestaron defensores de derechos humanos, luego que este martes, 23 de diciembre, la dictadura hiciera efectivo la apropiación de las instalaciones de medios de comunicación y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) confiscadas hace dos años.
«El Estado de Nicaragua mantiene secuestradas las instalaciones de dos medios de comunicación (100% Noticias y Confidencial) y nueve organizaciones. Lejos de devolver lo que usurpó, el Estado pone banderas de despojo con avisos que refrendan su profunda convicción en la censura. Una patada -más- a la democracia», denunció el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.
El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expuso que «los abusos contra la prensa independiente por parte de las autoridades no cesan». Con el «alarde» de la ocupación, el régimen «subraya, una vez más, el total desprecio por parte de las autoridades de Nicaragua hacia la prensa y la libertad de expresión». «Desde el CPJ seguiremos exigiendo activamente el fin de los abusos contra el periodismo independiente», señala.
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El jurista brasileño y exsecretario de CIDH, Paulo Abrão, quien constató in situ los abusos del Gobierno contra la población en el 2018, publicó en su cuenta en Twitter que «nunca hubo discontinuidad de la represión en Nicaragua».
«El Gobierno ha materializado la confiscación, utilizando una figura que está constitucionalmente proscrita en nuestra Carta Magna, de tal manera que es una acción desprovista de legalidad, es una acción ilegítima y se enmarca en una arremetida contra la sociedad civil y contra medios de comunicación. El Gobierno como acostumbra en los meses de diciembre, realiza acciones que son totalmente infames», manifestó por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
«Esta acción es marcada por la infamia y por el odio de Daniel Ortega a la sociedad civil, que ha realizado y continúa realizando, pese a la represión, un importante trabajo en la defensa de los derechos humanos», agregó el abogado Juan Carlos Arce, miembro del Comité.
El defensor de los derechos humanos también denunció la instrumentalización de las instituciones «que en cualquier Estado democrático son importantes como el Ministerio de Salud (Minsa)».
Personal de salud «han estado sometidos a acciones irracionales, arbitrarias, criminales frente al manejo de la pandemia. Este Gobierno tiene una deuda enorme con la salud pública. Lo que hacen es dejar más evidencia de la arbitrariedad, el odio, contra la sociedad civil organizada. Una vez más, deja en evidencia su menosprecio a la ley, la Constitución Política, los derechos humanos y queda en evidencia que estamos en un Estado donde se carece de las mínimas garantías».
El Colectivo le hizo un llamado a la comunidad internacional a seguir pronunciándose y realizando acciones encaminadas a la restitución de la democracia.
