El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció lunes, 21 de diciembre de 2020, nuevas sanciones contra el círculo de poder del régimen de Daniel Ortega. La administración de Donald Trump incluyó en su «lista negra» al diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional; al jefe de la Policía de León señalado de colaborar en la represión contra opositores, Fidel Domínguez y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar García.
«Cada uno de los individuos designados hoy es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega», resalta el Departamento.
La acción es de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, «Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua», dirigida a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen de Ortega.
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar García; un diputado de la Asamblea Nacional, Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado; y un jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, Fidel De Jesús Domínguez Álvarez, en un esfuerzo por atacar a los funcionarios del gobierno que continúan ayudando al régimen de Ortega a socavar la democracia de Nicaragua», señala el comunicado.
Noticias relacionadas: Crece a 25 la lista de operadores de la dictadura sancionados por EE.UU.
El secretario Steven T. Mnuchin expresó que «el presidente Ortega y su régimen priorizan la ganancia personal y el poder sobre los llamados de reforma de los nicaragüenses». «Esta Administración sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y exponiendo a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo nicaragüense».
Con esta nueva acción de Washington contra la dictadura de Ortega y sus operadores, la Oficina de Control de Activos (OFAC) remarca que «todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».
Con estas nuevas sanciones, ya son 28 funcionarios fichados como delincuentes internacionales, seis entidades privadas y la Policía Nacional, es decir, una institución estatal.
Los eurodiputados también le han advertido al régimen que si sigue en esa línea se vendrán nuevas sanciones y la suspensión del Acuerdo de Asociación (Ada) con la Unión Europea (UE). Los parlamentarios amenazaron con duras consecuencias y aseguraron que no ha habido avances democráticos en la nación tras el estallido social en 2018, que desató una brutal represión contra la oposición.
Nuevas sanciones que deben ser acompañadas de nuevas presiones a lo interno, a esto último es a lo que no se le ve un horizonte. Solamente unos pocos están pagando las consecuencias de oponerse activamente al régimen