El régimen de Daniel Ortega echó pie atrás y anunció una reducción en la tarifa eléctrica para el 2021. La vocera Rosario Murillo informó que a partir del primero enero se aplicará una disminución del 15% en la factura para quienes consuman igual o menos de 150 kilovatios por mes. Quienes consuman más de 150 kilowatt, la reducción será del 10.60 por ciento.
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Esta rebaja llega cuando se estimaba que para el próximo año también habría un aumento hasta de un 17 por ciento, ya que el subsidio estatal se reducirá drásticamente, de acuerdo con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica realizada por la Asamblea Nacional hace dos años. El Gobierno aún no explica cuál será el mecanismo final para aliviar o no el bolsillo de los nicaragüenses.
El mandatario Daniel Ortega aprovechó el acto de entrega de cartas credenciales de nuevos embajadores para negar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la lucha cívica de 2018, registrados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Ante el cuerpo diplomático, Ortega se declaró víctima de una supuesta «protesta armada», arremetió contra Estados Unidos, al que señaló de colaborar con gobiernos anteriores y rechazar el sandinismo; y desacreditó nuevamente los informes de organismos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), los que según Ortega no reportaron los atropellos contra «los sandinistas». Ortega sostuvo que en ese momento, la Policía salió a las calles «a poner el orden».
Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, advirtió que la legitimidad de los comicios generales de noviembre de 2021 depende de la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua. Indicó que para tal objetivo, Estados Unidos continuará presionando, mediante sanciones, al gobierno de Daniel Ortega para que se instauren las reformas electorales que garanticen elecciones libres y justas.
Kozak también criticó la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el diplomático señaló que la normativa limita la participación de los ciudadanos nicaragüenses, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación.
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Solo un día después de haber terminado el periodo legislativo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidida y dominada por el Frente Sandinista, convocó a una sesión extraordinaria para el 21 de diciembre. El receso parlamentario de fin de año será interrumpido para aprobar un préstamo millonario con el Banco Mundial (BM) y una ley para garantizar el suministro de energía eléctrica, según información preliminar brindada por diputados opositores.
Pese a que no se descarta que el régimen también esté interesado en abordar las reformas electorales, los diputados liberales Miguel Rosales y Jimmy Blandón afirmaron que, al momento, no les han planteado el tema, sin embargo, advirtieron que con este gobierno se espera cualquier sorpresa.
La Organización Panamericana de la Salud indicó que hay probabilidades que las vacunas contra el COVID-19 lleguen a los países en vías de desarrollo, en el mes de marzo de 2021. Nicaragua está entre los 10 países beneficiados con vacunas gratuitas proporcionadas por las organizaciones internacionales de salud pública, debido a que no cuenta con recursos económicos suficientes para atender a la población.
Durante su conferencia semanal, la OPS reiteró que los fármacos donados al país podrán cubrir hasta el 20 por ciento de los grupos de riesgos. Para ello, la OPS ha bajado orientaciones al Ministerio de Salud para que elabore un plan integral de vacunación.
El Ministerio de Salud reportó que en la última semana del 8 al 15 de diciembre, se atendieron 51 nuevos casos confirmados de COVID-19 y se registró el deceso de una persona a consecuencia del virus. Con estos datos,Nicaragua registra, de manera oficial, un total de 5,938 casos confirmados y 163 fallecimientos en el contexto de la pandemia, desde que se reportó el primer caso a mediados del mes de marzo.
Sin embargo, estas cifras distan mucho de las registradas por el independiente Observatorio Ciudadano que al nueve de diciembre, reporta más de 11,500 pacientes sospechosos y más de 2,800 muertes asociadas con neumonía o coronavirus.