La dictadura de Daniel Ortega pretende privatizar el agua potable, mediante una reforma a la Ley General de Aguas Nacionales que ya introdujo en el Parlamento controlado por el sandinismo. Con esta reforma, el gobierno cambiará 59 artículos de los 155 que tiene la ley en vigencia, entre ellos los referidos a la forma de administración de las cuencas hídricas, así como la administración de los servicios de agua potable y para ello desaparece el estatal Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA) que será absorbido por la Autoridad Nacional del Agua.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, se expresó en contra de la reforma, porque considera que el gobierno lo que busca es alinear el manejo de este recurso a intereses partidarios y no beneficiará a los usuarios del servicio. Además, dejó claro que el gobierno tampoco brindará mecanismos de respuesta ágil para el desarrollo de los sectores económicos y productivos del país.
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso a disposición del régimen de Nicaragua un donativo de 500 mil dólares para atender la emergencia por los efectos causados por el huracán Eta, por los cuales deberá rendir cuentas, informó la entidad regional. Se trata de una cooperación financiera no reembolsable en concepto de ayuda de emergencia que serán entregados mediante un único desembolso a los organismos ejecutores que designe cada país, explica el comunicado.
José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de sus redes sociales, informó que Aeroméxico anunció que no reanudará operaciones a Managua hasta mediados de enero de 2021, convirtiéndose en la tercera aerolínea en decidir no regresar este año.
La compañía mexicana se suma a Copa Airlines y United Airlines que también reprogramaron su retorno, poniendo en aprietos al sector turismo. Aguerri recalcó que de esta manera se perderá la temporada alta que eran donde estaban las esperanzas de tener cierta recuperación de los sectores de comercio, servicios y turismo.
José Ramón Bauzá, eurodiputado español ante el Parlamento Europeo, destacó a través de su cuenta de Twitter que el régimen de Daniel Ortega aprobó en primera legislatura la imposición de la cadena perpetua en Nicaragua, acción que calificó como un atropello a las libertades de los ciudadanos.
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El político igualmente hizo un llamado de atención a la Unión Europea (UE) para que reaccione y se pronuncie contra estas normativas, que además incluye la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, un combo que impulsa la administración Ortega-Murillo para imponer control sobre los opositores, en especial, a las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones políticas y medios de comunicación independientes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió, que la recién aprobada Ley de Reforma Parcial a la Constitución en primera legislatura, con la que el régimen Ortega-Murillo está instaurando la pena de prisión perpetua para castigar lo que llaman crímenes de odio, es un «manoseo a la Carta Magna» que tiene como único fin continuar la represión contra el pueblo nicaragüense y llamó a los diputados sandinistas a rectificar su actuación en la próxima legislatura cuando les toque ratificar la reforma en 2021.
Un año se cumple luego que el exreo político David Durán, originario del barrio indígena de Monimbó, Masaya, decidió exiliarse, luego que la Policía y paramilitares emprendieran una persecución en su contra y le propusieran ser informante del gobierno de Daniel Ortega.
Según el exreo de la dictadura, después que fue excarcelado el 20 de mayo de 2019, tras estar cautivo por tres meses en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en Tipitapa, la Policía y fanáticos orteguistas iniciaron un constante asedio y amenazas en contra de él y su familia.