La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional a solicitud del régimen de Daniel Ortega con la que pretende fiscalizar los recursos de las ONG y limitar la participación política en Nicaragua.
Este dos de marzo arrancó el proceso de inmunización contra el coronavirus. Pese a que las vacunas que están aplicando son una donación de Rusia de Sputnik V, la dictadura buscó que los primeros pacientes en recibir la primera dosis agradecieran a «Daniel y a la «compañera Rosario Murillo»
Gustavo Porras, presidente sancionado de la Asamblea Nacional, y Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, son los funcionarios a los que la CPDH denunció ante el Poder Judicial por promover, sancionar y publicar dicha normativa, que, según abogados de ese organismo, viola 26 artículos de la Constitución Política de Nicaragua.
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La ministra de Salud del régimen Ortega-Murillo, Martha Reyes, aseguró que las campañas sanitarias que impulsa el gobernó han logrado disminuir los contagios del COVID-19. La funcionaria hizo tal afirmación en un programa televisivo oficialista donde reconoció además que los meses de mayo y junio del presente año fueron «etapas complejas», donde hubo más casos de COVID-19 en el país, aunque evadió las cifras. Asimismo, sostuvo que la dictadura tiene controlado el virus y que esperan que no se presenten rebrotes.
Los diputados sandinistas aprobaron este jueves, 29 de octubre, con trámite de urgencia, una ley especial que otorga a la empresa norteamericana New Fortress Energy una concesión por 25 años para producir en Nicaragua energía eléctrica a base de gas natural licuado.
La ley, aprobada con 75 votos a favor y 12 en contra, concede a esa empresa numerosos incentivos que incluyen la declaratoria de utilidad pública de propiedades privadas en la zona de Puerto Sandino, en el municipio de Nagarote, donde se desarrollará el proyecto que tendrá un costo de 700 millones de dólares y generará 300 megawatt consumiendo al año 700 mil galones de gas natural licuado.
Una chiflada Rosario Murillo, una can exministra de Salud, un aburrido Daniel Ortega y presos políticos encadenados usando una mordaza azul y blanco, fueron algunas de las representaciones que se vieron en la tercera edición de la «Marcha de la Burla», realizada este jueves, 29 de octubre, por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
El evento tuvo por lema «Un güegüense en dictadura. Sonreír es Resistir» nació en el 2018 con el objetivo de fomentar la sátira política como resistencia cívica, no violenta, en contra del Gobierno de Daniel Ortega.
