La empresa Nicavisión, S.A., entidad jurídica propietaria de Canal 12 continúa recibiendo demandas, en esta ocasión, la presión le vino por parte del expresentador de ese medio, Óscar García Vallecillo, quien interpuso una demanda laboral por el orden de siete millones de córdobas en concepto de prestaciones en contra del medio de comunicación, representada por Mariano Valle Peters.
La demanda de pago fue presentada el dos de octubre ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de la Circunscripción Managua, por la abogada del periodista, Jessica Orozco Castillo. El nueve de octubre, la instancia resolvió aplicar un «embargo preventivo» , como medida cautelar, sobre los bienes, acciones, derechos y activos del empleador Nicavisión, representado por Valle Peters, confirmó Artículo 66.
«Esto no debería verse con ribetes políticos. Es una demanda de prestaciones sociales. Durante casi trece años estuve sin vacaciones y se me negaba el pago de mis aguinaldos. Son mis derechos como trabajador lo que estoy pidiendo se me cumpla. Yo empecé mi reclamo ante el Mitrab desde el 4 de agosto; mucho antes de que surgiesen los otros casos ya conocidos», manifestó el periodista a Artículo 66.
A través de su cuenta en la red social Facebook, García Vallecillo reseñó que el 31 de julio del presente año dio por terminado su contrato laboral con Nicavisión Canal 12, por razones no detalladas. Tras su renuncia suscitaron una serie de negativas que conllevó a una demanda interpuesta por García en contra de Canal 12 ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab), alegando que la gerencia del canal pretendía declararlo en «abandono laboral».
Debido a la falta de cumplimiento del pago de prestaciones por la vía administrativa, García decidió trasladar su caso a los Juzgados de Managua para que se haga efectiva la resolución del Mitrab a favor del expresentador.
«Mi caso es asunto de derechos laborales; estrictamente de derechos humanos», subrayó García Vallecillo, quien reconoció que, en el presente contexto de represión a la libertad de prensa, su acción podría convertirlo de «víctima a victimario».
La empresa televisiva atraviesa una compleja situación por el embargo aplicado por el régimen de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Impuesto (DGI). La institución recaudadora de impuestos reclama un total de 28 millones de córdobas a la empresa propietaria de Canal 12.
El viernes 11 de septiembre, la dictadura de Daniel Ortega se lanzó contra el medio de comunicación, con un embargo que supera los 21 millones de córdobas (unos 608 mil dólares), suma que la DGI reclama en concepto de impuestos de los años 2011-2012 y 2012-2013. El primero de octubre, funcionarios de la DGI se presentaron con un nuevo reparo fiscal por siete millones de córdobas.
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El extrabajador, Óscar García, explicó que, debido a los «tiempos convulsos en Nicaragua» se dedicó a consultar el caso con amigos, empresarios, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluso con miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país para evitar «malos entendidos» en tiempo de crisis sociopolítica.
«La mayoría de ellos y ellas coincidió que uno de los principios de la democracia es el respeto a los derechos humanos, entre ellos el cumplimiento de los derechos laborales; el buen trato al trabajador», indicó García. El Juzgado Séptimo de Distrito del Trabajo de Managua convocó a las partes a audiencia especial el próximo 16 de octubre, a las once de la mañana.
Sinvergüenza no hagas leña del árbol caído, estás mal aconsejado o sos una víbora.
Que le paguen, tiene derecho a sus prestaciones.
No se porque Oscar Garcia esta reclamando 13 años de decimo tercer mes y vacaciones. Eso no existe legalmente. Pues esos derecho ya prescribieron de acuerdo a la legislacion Laboral.
El código laboral establece que es un mes de décimos tercer mes por cada año laborado y no puede acumularse para cobrarse junto todo.
Lo mismo las vacaciones.
En el caso de la antiguidad son 5 mcese de salario. Lo que indica que aunque tenga 13 o mas años. Solo tiene derecho a 5 meses.
Otra cosa es que exista algún convenio colectivo que modifique tal situación..
Es un golpe contra la libertad de expresión y los medios independientes. Los medios son inmunes al derecho y están por encima de la ley. Toda actuación en contr de un medio es un acto en contra de la democracia y los derechos humanos.
Porque rayos , espero tanto tiempo este tonto, para reclamar sus derechos,no le daban vacaciones, te hubieras ido de allí , hijo mío.!! La gente se acomoda!