Con 609 votos a favor, una cifra histórica, se aprobó la resolución promovida en el Parlamento Europeo contra la dictadura de Nicaragua, con la cual le dejan saber al régimen que si aprueba su combo de leyes represivas, que incluye el anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la eurocámara no tendrá piedad y se vendrá con nuevas sanciones de las que no se salvaría Daniel Ortega ni Rosario Murillo y que además incluirían al círculo de poder del Gobierno, el que afirmaron está en la «lista negra» de los eurodiputados y al cual calificaron de «banda criminal».
Los eurodiputados advirtieron en el debate previo a la aprobación de la resolución que si Ortega «no vuelve al cauce democrático» van a reaccionar. La propuesta también señala la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación (Ada) con la Unión Europea (UE), lo que pone en juego cerca de 300 millones de dólares que, según la cámara empresarial del país, representa el intercambio comercial con el viejo continente.
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La resolución aboga además por la liberación de los presos políticos, llama al régimen a entablar un diálogo nacional y apostar por reformas electorales que garanticen comicios libres y transparentes en Nicaragua para 2021. Los eurodiputados dejaron claro que no ven avances de ningún tipo en el país y condenaron las propuestas de ley de la dictadura, con las que sostienen vendrá más criminalización.
Los grupos de oposición en Nicaragua aplaudieron la decisión del Parlamento Europeo tras la aprobación de la resolución, la que únicamente obtuvo 21 votos en contra y 64 abstenciones. Además, ningún diputado de la eurocámara le lavó la cara al tirano Daniel Ortega y todos se dedicaron a reprochar el autoritarismo con el que el régimen maneja el país.
La Alianza Cívica llamó al dictador a actuar en pro de los derechos humanos, recordándole que si esa resolución se pone en marcha traería graves consecuencias económicas a la nación: La oposición también tildó de «fuerte y contundente» el documento aprobado y recalcó que Ortega está cada vez más aislado y condenado por la comunidad internacional por los atropellos contra los nicaragüenses.
Por su parte, la vicedictadora Rosario Murillo, sin hacer alusión a la resolución, dijo en su monólogo en los medios oficialistas que su administración demanda «respeto», resaltando que para eso Nicaragua es un «país soberano». Demandó que se «respete la dignidad de todos, la soberanía, la independencia y ese profundo sentido de identidad cultural».
