El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael G. Kozak, una vez más denunció los atropellos contra los nicaragüenses dirigidos por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El diplomático del Gobierno de Donald Trump se pronunció a través de su cuenta de Twitter reprochando la iniciativa de Ley de Ciberdelitos que el régimen hizo pública el pasado 28 de septiembre y que este 30 se presentó ante la Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora orteguista.
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Kozak destacó que la administración Ortega-Murillo viene con una fuerte oleada contra los opositores, lo que se refleja en el combo de leyes que pretende imponer y las que ha hecho públicas en las últimas dos semanas, entre ellas la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y el cambio de la pena máxima de 30 años a cadena perpetua, con lo cual tendría que reformarse el Código Penal y la Constitución Política de Nicaragua.
Otra semana, otra ley de Ortega que atropella la libertad de expresión y prensa. La propuesta ley de “ciberdelitos” es una amenaza a los nicaragüenses con criterio propio que criminaliza las expresiones que disgustan al régimen de Ortega. Así no actúan los gobiernos democráticos.
— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 30, 2020
«Otra semana, otra ley de (Daniel) Ortega que atropella la libertad de expresión y prensa. La propuesta ley de “ciberdelitos” es una amenaza a los a que criminaliza las expresiones que disgustan al régimen de Ortega. Así no actúan los gobiernos democráticos», denunció el delegado de Trump en su red social.
Los diputados de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional presentaron el 28 de septiembre una iniciativa de «Ley Especial de Ciberdelitos de orden público con protección a la seguridad soberana del Estado», con el objetivo de «prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas», señala el documento.
La iniciativa también incluye la «protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en la Ley». El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sus parlamentarios, señalan que «quien haciendo uso de de las tecnologías de la información y la comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos de multa».
