La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización sobre la represión que vive Nicaragua desde abril de 2018 cuando se dio el estallido social que el régimen orteguista buscó disipar a punta de amenazas, cárcel e intimidación. De acuerdo con la presentación de la máxima delegada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el país «no se ha observado progreso» en la situación que atraviesa el país. Tampoco ven «muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica».
Bachellet la última vez que se refirió a Nicaragua fue en julio de 2020. Dos meses después, la entidad registró 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de opositores, entre los que incluyen a defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y líderes de la Iglesia católica.
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Igualmente, la delegada incluyó en su informe el asesinato de Jorge Luis Rugama Rizo, quien murió el 19 de julio a manos de un militante orteguista en el municipio La Trinidad, en el departamento de Estelí. La ONU calificó ese hecho como un posible caso de violación al derecho a la vida y nuevamente llamó al desmantelamiento y desarme de paramilitares, a los que llama elementos armados progubernamentales, al mismo tiempo, que rechazó la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019, la que de acuerdo con la organización solo favorece «la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos».
Más de 90 presos políticos
La ONU también refiere que la dictadura de Daniel Ortega mantiene 94 personas arbitrariamente privadas de libertad, a las que señalan de delitos comunes. «Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud. Exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente», detalló Bachellet.
El organismo recriminó la falta de transparencia con la que la administración Ortega-Murillo ha manejado la pandemia del COVID-19, recalcando la necesidad de mayor transparencia y difusión de la información. Asimismo, reprochó que el Ministerio de Salud (Minsa) solo reporte una vez por semana sobre el avance del coronavirus y que se oculte la información epidemiológica detallada.
Alarmante aumento de femicidios
Los 50 femicidios que hasta el 31 de agosto de 2020 reportaron las organizaciones de mujeres generan alarma para la ONU. Estos casos representan seis más en comparación con el mismo periodo de 2019. «Además, se han documentado 68 tentativas de feminicidio, en comparación con 52 en el mismo periodo en 2019. Al respecto, preocupa también la diferencia con los datos oficiales que mencionan únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, evidenciando un posible subregistro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes», indicó Bachellet.
Las violaciones a la libertad de prensa, que incluyen procesos por injurias y calumnias, hostigamiento e intimidación así como resoluciones fiscales contra medios de comunicación son otros puntos que inquietan a la organización al incluirse dentro de los nuevos atropellos contra periodistas o empresas que no siguen la línea de la dictadura.
La dictadura no está haciendo y ni lo hará lo que está haciendo es una segunda Venezuela