El gobierno de Daniel Ortega nombró a Ricardo Emilio Díaz Palacios como nuevo delegado en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, cargo que hace dos meses ocupaba el sandinista Edén Pastora.
La aplanadora orteguista tiene como misión aprobar las reformas de dos artículos del Código Penal, con lo cual ampliarían de 48 horas a 90 días la detención de cualquier ciudadano al que lo vinculen con cualquier delito.
Mediante Acuerdo Presidencial 89-2020, la Presidencia dejó sin efecto el nombramiento de Pastora por motivo de fallecimiento, dos meses después de que el cargo quedara acéfalo.
La Comisión para el Desarrollo del Río San Juan fue creada con el objeto de «estudio, dragado, turismo, muelles, ecología y promoción de la pesca artesanal; y en definitiva el mejoramiento total de la zona, con el fin de coordinar la aplicación de políticas, planes y acciones ambientales y de desarrollo para su protección y conservación, con la participación de las Instituciones Gubernamentales», según el decreto.
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Sin embargo, la labor que realizó el exoperador político del Frente Sandinista mientras estuvo al frente del cargo, solo desató polémicas y provocó pérdidas económicas al país.
En el año 2010, durante las obras de dragado del Río San Juan, Pastora fue el responsable de críticas y posterior demanda internacional por parte de Costa Rica a Nicaragua. El país vecino denunció a Nicaragua por haberse infiltrado y depositado sedimentos en su territorio. Efectivamente, Costa Rica ganó la demanda costándole miles de dólares a los nicaragüenses.
Pastora tampoco informó sobre los avances del dragado en el río San Juan, pese a que el proyecto ha recibido una partida millonaria de dinero de los contribuyentes.
En sustitución del llamado «Comandante Cero», mediante Acuerdo Presidencial 90-2020, Ortega nombró a Ricardo Díaz Palacios, funcionario desconocido que a partir de este 26 de agosto funge como delegado en una Comisión que desde entonces, no se ha vuelto a tener mayores noticias.
