La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llevará ante organismos internacionales de derechos humanos los últimos ataques que ha sufrido la prensa independiente en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización opositora manifestó su preocupación por la demanda por injurias y calumnias que simpatizantes del régimen Ortega Murillo han emprendido en contra de la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar y de David Quintana, de la página Boletín Ecológico.
La UNAB destaca que las acusaciones en contra de Salazar y Quintana representan una judicialización a la libertad de prensa y expresión que tiene el «objetivo de presionar e intimidar a los hombres y mujeres de prensa para que no sigan denunciando las constantes violaciones a los derechos humanos que comete en toda Nicaragua la dictadura de Daniel Ortega». Y añaden que es una situación que se vive desde que el dictador retornó al poder en el 2007.
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La organización opositora enumeró que su denuncia la harán llegar hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la vez, respalda la labor crítica de los y las periodistas que lo establece la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 66, y que comprende «la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección».
También incluyen la persecución y hostigamiento por parte de la Policía Orteguista de León en contra de Radio Darío, la que se «mantiene vigilada y asediada por una decena de antimotines. Una muestra clara de querer silenciarles», valoran.
Demanda por injurias en contra de la jefa de prensa de Radio La Costeñísima
El 19 de agosto, la jueza orteguista Deyanira Traña, del Juzgado Penal Local de Bluefields, admitió la acusación presentada por la Fiscalía contra la periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, procesada por el presunto delito de injurias y calumnias.
A la salida del Complejo Judicial, la defensa de la comunicadora manifestó que la acusación no reunía los requisitos para elevar la causa a juicio oral y público, sin embargo la judicial la admitió, desestimando los argumentos expuestos por el abogado defensor Boanerges Fornos. El juicio oral y público fue programado por la judicial para el próximo 23 de septiembre.
A la jefa de prensa, de 25 años, le llegó la citatoria el martes, 11 de agosto, a las 9:15 de la mañana. Sin embargo, desde días anteriores la notificación era de dominio público en los medios de comunicación oficialistas del Caribe Sur, por lo que Salazar ya tenía conocimiento de la demanda.
Según la información de la emisora oficialista, las trabajadoras orteguistas alegan ser «víctimas del delito de calumnia, que les ha afectado en la honra, moral y psicológicamente» tras la publicación de la nota «Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama», el cuatro de agosto, en la que se ventila que las ciudadanas de la comuna orteguista desfalcaron 100 mil córdobas.
