La Policía de Daniel Ortega informó que los ciudadanos Cristian David Meneses Machado (28) y Hader Humberto González Zeledón (30), originarios de Masaya, detenidos en el borde fronterizo con Costa Rica el pasado fin de semana cuando intentaban ingresar al país tras dos años en el exilio, serán llevados a juicio.
Mediante una nota de prensa, la institución policial detalla que ambos sujetos fueron capturados en el lugar conocido como El Tambor, municipio de San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, a quienes se les ocupó una pistola calibre 3.80, municiones de distintos calibres, pertrechos, mochilas y uniformes militares,dinero en moneda costarricense; la cédula de identidad costarricense a nombre del ciudadano Roberto Ampié Sequeira y el arma y cédula de Gregorio Francisco Quintero Balladares.
La Policía los señala de pertenecer a la agrupación delincuencial “El Topo”, vinculada al delincuente costarricense Gerson Orozco Rodríguez, y que incursionaban a la zona fronteriza desde Costa Rica para supuestamente cometer delitos de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos, tráfico de armas y abigeato.
Según la versión policial, al momento de su captura localizaron a “600 metros un escondrijo (buzón) ocupándose 10 kilos de cocaína y 2 fusiles AK con serie borrada.
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Sin presentarlos públicamente, ni informar sobre su paradero exacto, la Policía asegura que los jóvenes admitieron los delitos durante el proceso de entrevista, aceptando la autoría de los asesinatos de Gregorio Quintero (36) el pasado 21 de julio, y de Jonder Antonio Zamora Quintero (18) en el sector de Santa Isabel de Masayón, Puerto Príncipe, Nueva Guínea.
Agrega que los señalados aceptaron que tenían su base de operaciones en Costa Rica, donde supuestamente se dedicaban a la extracción ilegal minera y elaboraban compartimentos ocultos (caletas) en furgones, camiones y otros vehículos para el tráfico internacional de drogas.

El aparato represor añadió que “realizó requerimiento a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y se ha comunicado con las autoridades policiales costarricenses (Ministerio de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial) con la finalidad de obtener información relacionada a delitos cometidos por estos sujetos”.
Presos Políticos
Desde San José, Costa Rica, la esposa del detenido Hader González afirmó que el joven no es delincuente y se trata de un perseguido político “por el simple hecho de protestar, de manifestar su inconformidad por el trato arbitrario del gobierno”, por el cual fue circulado.
“Hader es la muestra de los cientos de profesionales que nos unimos a la causa (en 2018) por indignación que en aquel entonces estaban recibiendo el maltrato, el abuso a nuestros pensionados. El pueblo estaba cansado. El gobierno nos vio como enemigos, negándonos el derecho a la protesta y reclamo social como derecho que tenemos”, dijo la cónyuge en entrevista a Nicaragua Actual.
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Según la ciudadana, su esposo cuenta con una “Hoja de Delincuencia”- récord policial costarricense- que confirma que no tiene antecedentes delictivos, además se desempeñó como guarda de seguridad en el país vecino y se encontraba realizando los respectivos proceso legales para continuar laborando y capacitándose en su profesión.

Durante la entrevista, la joven mostró documentos que corroboran las capacitaciones y solicitud de actualización de carnet de permiso laboral ante Migración y Extranjería, dado que tenía una oferta laboral con la empresa Walmart. La decisión de retornar al país fue un acto “desesperado”, luego de quedar sin trabajo producto de la pandemia, y “se sabía que era un riesgo, pero no se imaginó que lo fueran a tratar de esta manera tan cruel” añadió compañera de vida del nuevo prisionero político.
Paradero desconocido
A siete días de la detención, los jóvenes aún no han sido presentados públicamente, por lo que la familia teme que estén siendo torturados. “Sabemos los métodos de tortura que ellos (régimen) han hecho. Yo temo por la vida de los dos y nos hace sospechoso que ellos no los presenten todavía. Temo por la vida de ellos, por la integridad física” dijo entre sollozos, quien agregó que el viernes fue la última vez que se comunicó con González.
Ante los delitos que les imputa el Ejército de Nicaragua, señaló que “no es una novedad. Todos sabemos que le iban a inculpar de todo para tratarlos como criminales. Es injusto porque no son delincuentes y ellos lo saben, pero tienen que justificar el abuso de autoridad, la complicidad que el Ejército tiene con la Policía”.