El análisis preliminar presentado este miércoles por el epidemiólogo Álvaro Ramírez, sobre las pruebas de COVID-19 en Nicaragua, basados en la filtración que hizo la organización Anonymous de los datos del Ministerio de Salud (Minsa), refleja que las cifras que ha venido presentando en los últimos meses el Observatorio Ciudadano coinciden con las cifras ocultas por la institución sanitaria, incluso están por debajo.
El Ministerio Público, subordinado a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un comunicado donde oficializa que la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y la activista Tamara Dávila pasaran hasta 90 días encarceladas señaladas de violar la Ley 1055, la controversial Ley de soberanía que se creó el régimen para castigar a opositores tildándolos de “traidores de la patria”.
Los datos hackeados revelan que del 28 de febrero al 24 de julio, el Minsa realizó un total de 17,284 pruebas de PCR o detección del virus, de las cuales 9,683 dieron positivos a coronavirus. Hasta el 12 de agosto, el Observatorio Ciudadano registró 9,646 personas sospechosas, es decir, que el gremio independiente todavía se quedó por debajo con 37 casos menos.
«Hoy podemos confirmar categóricamente que son datos oficiales no revelados por el gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria de importancia internacional. En cumplimiento con el reglamento sanitario internacional la OPS (Organización Panamericana de la Salud) debe de buscar y analizar cualquier información que permita hacer el análisis adecuado de la situación de salud pública de importancia internacional», indicó Ramírez.
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Desde que se dio el primer caso en el país, el 18 de marzo, el Observatorio ha venido haciendo un recuento del avance de la pandemia, y aunque no son los datos oficiales, es importante destacar que el organismo independiente ha sido acertado en sus proyecciones, dejando al Minsa al descubierto en cuanto al mal manejo de la pandemia y el secretismo de Estado que promueve.
Información epidemiológica revelada
El epidemiólogo mencionó que entre los grandes hallazgos que la revisión «cuidadosa y minuciosa» les permitió identificar fueron; la distribución por grupos, edades, foco de contagio y sexo de resultados positivos de COVID-19, datos que el régimen de Ortega se ha negado a entregar a la OPS, que en reiteradas ocasiones la ha solicitado para evaluar la crisis sanitaria en el país.
Pero el Minsa, en su último reporte, actualizado hasta el 18 de agosto, registra un total de 4,311 casos confirmados, 133 fallecidos y 3, 211 recuperados. Contrario a ello, sobre los fallecimientos, el Observatorio contabiliza en ese mismo periodo 2,626 muertes, de las cuales, 139 están relacionadas a neumonía y 2,487 a COVID-19.
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Con respecto al rango de edades, ambas organizaciones coinciden que entre los más afectados son las personas entre 50 y 70 años, aunque el Minsa especifica a estas víctimas por sexo (los hombres los más afectados). También mantienen a Managua como el principal foco de contagio con 4,238 el Minsa y 3,734 el Observatorio.
Proyección de Funides
El último informe de Coyuntura presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) revela datos completamente alejados de los proporcionados por el Observatorio Ciudadano, lo que podría significar que incluso, las cifras del gremio independiente están muy por debajo de la realidad que vive el país.
Los especialistas de Funides estiman un rebrote en el país que provocaría que 15,454 personas se contagien en los próximos dos meses, es decir, que para el tres de octubre, fecha que se cumplen los 200 días de la presencia de la pandemia, Nicaragua podría alcanzar unos 96,677 casos, de acuerdo con las proyecciones de los economistas.
Estas estimaciones implican que, en ese mismo periodo, alrededor de entre 2,760 a 3,285 personas podrían fallecer a causa de la enfermedad, que significarían una tasa de letalidad promedio de 3.4 a 4.2 por ciento. «Evitar el desarrollo de un segundo brote pandémico dependerá, en última instancia, de las disposiciones voluntarias de cuido por parte de la ciudadanía y las medidas establecidas por el Gobierno para proteger a las familias», afirma Funides.
