La creación del Registro de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles, iniciativa de reforma presentada por la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Nacional, conseguirá el encarecimiento de las operaciones jurídicas-económicas, castigando incluso a las sociedades más pequeñas que son propias de las Pymes, sostiene el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep.
La Policía cercó el aeropuerto y les retuvo los pasaportes a los opositores Medardo Mairena, George Henríquez, y Luis Fley, cuando se disponían a viajar a Miami para sostener un encuentro con la diáspora nicaragüense.
Mediante un comunicado, el gremio empresarial sostiene que la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 698, no garantiza un verdadero efecto de transparencia de las sociedades mercantiles, “ya que lo primero que se requería era establecer y determinar en su sentido más moderno, el contenido de la información que requiere ser registrada y publicitada legalmente”.
La iniciativa se justifica mediante una recomendación que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin embargo “no se fundamenta como debería ser, por lo que no permite a los agentes económicos estar claros cuáles son las carencias de información o en qué aspectos las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención de lavado de dinero se topan con dificultades o bloqueos de información sobre sociedades mercantiles que están siendo investigadas”, añade el empresariado.
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Otra de las preocupaciones del gremio es la ausencia de sigilo y confidencialidad de la institución a cargo, señalando que “la nueva estructura propuesta y creada dentro del SINARE, es un Registro de Beneficiarios Finales de las Sociedades Mercantiles que formaría parte del Sistema Nacional de Registros Públicos, cuyas autoridades y personal no están sometido a estos deberes”.
En su comunicado, los empresarios argumentan que el país requiere crear y diseñar la institucionalidad necesaria que permita trabajar en una reforma integral del sistema de registro mercantil; contar con una nueva institucionalidad del mercado, profesional y libre de corruptelas e injerencia política.
