El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este 17 de julio a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y a su empresa Difuso Comunicaciones S.A. El hijo de los dictadores se convierte en el cuarto miembro de la familia presidencial castigado por la administración de Donald Trump.
70 diputados sandinistas cumplieron la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformaron la Constitución y establecieron la prisión perpetua.
Anteriormente, Laureano y Rafael Ortega Murillo, al igual que la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, ya habían sido incluidos en la lista negra de Estados Unidos por violadores de derechos humanos y corruptos.
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La administración del presidente Donald Trump también sancionó a José Jorge Mojica Mejía, señalado de ser testaferro de la familia presidencial y quien está a cargo de la empresa Mundo Digital S.A, conocida por su nombre comercial en el país como Syditec, S.A., misma que fue incluida a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos.
Mojica Mejía es uno de los operadoras económicos de las empresas de Daniel Ortega y se encarga de lavar dinero a través de la creación de compañías fantasmas. Mojica Mejía incluso figura como dueño de la empresa Celeste, S.A., propietaria de Canal 13 de televisión, el cual es administrado por Maurice, Camila y Luciana Ortega Murillo, los tres hijos menores de la pareja dictatorial.
En el caso de la empresa de publicidad Difuso, S.A., propiedad de Juan Carlos Murillo, Estados Unidos señala que esa entidad se encarga de producir las campañas publicitarias en radio y televisión del régimen e instituciones estatales. En el país, Difuso S.A. es la única empresa autorizada para utilizar drones.
El alcance de las sanciones contra Juan Carlos Ortega Murillo y José Jorge Mojica conllevan a que «todos los bienes e intereses en propiedad de estas personas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC».
Juan Carlos Ortega, a quien se le conoce como el «chigüín» o el «sucesor» de la dinastía, la Casa Blanca lo castigó por sustraer dinero del Estado en publicidad. Al también rockero, músico, director de Canal 8 y supuesto «líder político» de su naciente Movimiento 4 de Mayo le tienen un amplio historial de corrupción, tráfico de influencias, compra de bienes con dinero venezolano y lo acusan de usar fondos para sus aficiones y caprichos cinematográficos así como manosear los presupuestos de las instituciones para engordar su empresa audiovisual Difuso con millonarios contratos publicitarios, producción de vídeos y publicidad en buses. Con esta sanción, Juan Carlos queda fuera de circulación en términos financieros y también acaba con su sueño de que el hijo predilecto de Murillo se convierta en presidente de Nicaragua.
En otro orden, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que cobrará 150 dólares para hacer la prueba para detectar COVID-19 a los nicaragüenses que requieran el test y necesiten salir del país. El negocio de la institución se da a conocer tan solo tres días después que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señalara que el régimen ordenó la compra de 100 mil pruebas de PCR mientras en los hospitales siguen las denuncias porque a los familiares de las víctimas por el virus les dan otro diagnóstico, aunque ellos afirman que el deceso fue por coronavirus.
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El general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, se refirió por primera vez a las sanciones que impuso el 22 de mayo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su contra. El alto mando militar calificó de injerencista a la administración de Donald Trump y negó que esa institución haya apoyado a grupos de civiles para disipar las protestas iniciadas en 2018. Asimismo, calificó de vividores y calumniadores a los opositores, a los que acusó de daños sicológicos. Avilés también reafirmó su lealtad a Ortega.
