Tras la suspensión del cargo y la orden de captura por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la alcaldesa liberal de Wiwilí, en Jinotega, Reyna Hernández Mairena, el Consejo Municipal de la comuna informó que la edil decidió retirarse temporalmente de todas las actividades municipales y dejar la comuna en manos de su vicealcalde Manuel Blandón.
La medida es para «otorgarle el tiempo necesario para que enfrente el proceso penal a la alcaldesa municipal de Wiwilí», mencionó el vicealcalde de la comuna, quien a través de una conferencia de prensa respaldó la decisión de Hernández.
Además, detalló que la alcaldesa «confía en que se resolverá su situación jurídica y que regresará a su cargo», por ello el vicealcalde designado manifestó que el trabajo de la comuna continuará tal y como siempre ha venido funcionando y que respaldan la decisión de Hernández.
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El proceso legal que enfrenta la edil liberal se debe a que fue demandada por extrabajadores orteguistas por una suma millonaria en concepto de liquidación, fondos de los que carecen actualmente.
La comuna de Wiwilí fue embargada por el régimen en abril de este año. La juez Diana Isabel Jarquín Valle ordenó el embargo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina con placa JI 6406, misma que tiene asignada la alcaldesa municipal.
El 13 de junio, la misma titular del Juzgado Local Penal de Jinotega suspendió del cargo a la edil por lo que quedó inhabilitada la función de Hernández dentro de la comuna administrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La alcaldesa ha sido objeto de persecuciones por parte de la dictadura debido a que se ha caracterizado por su una de las voces más beligerantes en denunciar incidentes de ejecuciones extrajudiciales en esa zona contra nicaragüenses opositores.

El PLC ante la orden de captura se pronunció y denunció el proceder del régimen de Daniel Ortega que también que también ha efectuado la reducción por el orden del 70% en las transferencias municipales a todas las Alcaldías Liberales. «Condenamos vehemente esta medida de presión en contra de la alcaldesa Liberal de Wiwilí, misma que es parte de la política de de intolerancia, acoso y revanchismo político del régimen en contra de las alcaldías independientes con la finalidad de boicotear el trabajo que los ediles demócratas vienen realizando en favor de sus municipios», reza el documento del PLC.
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En el 2017, previo a las elecciones municipales, la alcaldía de Wiwilí contaba con un presupuesto de 96 millones de córdobas, mientras era administrada por el partido de gobierno, sin embargo ese presupuesto se redujo cuando el PLC tomó el mando de la comuna. «A nosotros nos vinieron reduciendo hasta que nos dejaron en 736 mil córdobas», detalló recientemente la alcaldesa en entrevista al medio de comunicación digital Mosaico.